Consellería de Territorio amplía la protección del primer kilómetro de costa

BAJO SEGURA

El nuevo desarrollo reglamentario en la Comunidad Valenciana limita a un 30 % del solar las edificaciones en primera línea de playa. La Consellería de Territorio de la Generalitat amplía la protección del primer kilómetro de costa en el Reglamento de Gestión del Territorio, que protege directamente las dunas y la vegetación más relevante.

El conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, ha afirmado que el nuevo Reglamento de Gestión Territorial y Urbanística “ampliará” la franja de protección del litoral valenciano y limitará las edificaciones en el primer kilómetro de playa.

Rafael Blasco ha explicado, en este sentido, que el Consell ha aprobado en un “tiempo récord” de sólo cuatro meses el Reglamento que desarrolla el paquete legislativo del Consell sobre Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, que está formado por la Ley Urbanística Valenciana, la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, la Ley del Suelo No Urbanizable y la Ley de la Vivienda de la Comunidad Valenciana.

El conseller también ha afirmado que el nuevo Reglamento, que unifica en un solo documento el desarrollo reglamentario del nuevo marco jurídico, tiene como puntos más importantes garantizar la sostenibilidad del territorio, el fomento de las viviendas protegidas, aumentar la transparencia y la seguridad jurídica, y el control público de la actividad urbanística.

Según detalla el Artículo 37 del nuevo Reglamento, ha añadido Rafael Blasco, la planificación territorial y urbanística en el litoral “concentrará la edificabilidad y minimizará la ocupación de suelo y procurará espacios libres, públicos y privados, que eviten la compactación del frente litoral”.

Límite del 30% a las edificaciones

De hecho, según el nuevo Reglamento de Gestión Territorial y Urbanística, en las iniciativas urbanísticas que se plantee en el litoral, en concreto, en el primer kilómetro de costa, la edificación no podrá ocupar más del 30% de la superficie del sector, ha añadido el conseller de Territorio y Vivienda.

Protección de dunas y sistemas vegetales

Asimismo, el Reglamento de Gestión Territorial establece que tendrán la clasificación de suelo no urbanizable protegido los sistemas dunares y las dunas, vivas o fósiles, del litoral valenciano, así como los sistemas vegetales de valor relevante existentes en el litoral, incluyéndose en dicha clasificación un perímetro de protección para estas zonas que habrá de determinarse por Decreto.

El nuevo Reglamento detalla que hasta la redacción del Plan de Acción Territorial del Litoral de la Comunitat Valenciana se considera litoral la franja de terrenos existente entre la línea marítimo-terrestre y la línea que discurre paralela a la misma a un kilómetro de distancia.

El reglamento de la LUV limita la nueva ocupación de territorio hasta el 2010

MEDITERRÁNEO

Los municipios con un 20% de solares sin edificar no podrán crecer en más de un 15% en urbanismo. El límite para grandes desarrollos urbanos, como PAI o modificaciones de PGOU, es del 20% del término.

El Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística de la Comunitat Valenciana aprobado el viernes por el Consell ha fijado en el 20% el límite para impulsar nuevos usos artificiales del suelo en la actual década, incluyendo en el cómputo los últimos seis años.

Dicho texto normativo, que aún no se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), pretende así impulsar una ocupación del territorio más ordenada. Superar estos denominados umbrales de sostenibilidad acarreará el pago de las cuotas de sostenibilidad, que entrarán en vigor en la próxima Ley de Presupuestos y cuyo capital se destinará a proyectos medioambientales.

Según establece esta norma, son usos artificiales "el tejido urbano continuo y discontinuo, zonas industriales o comerciales, redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados, zonas portuarias, aeropuertos, zonas de extracción minera, escombreras y vertederos, zonas en construcción o urbanización, zonas verdes urbanas...".

Aunque el indicador que limita dicho desarrollo se fija por un periodo decenal, el que entrará en vigor en cuando se publique el reglamento, abarca hasta el año 2010, por lo que acotará más la actividad urbanística, ya que ha transcurrido más de una década sin limitación alguna a la ocupación del suelo.

MUNICIPAL A este límite se añade otro de carácter municipal, que grava el incremento de consumo de suelo, y hace referencia a la relación entre la superficie total de terrenos urbanos o urbanizables en cada municipio, respecto a su término municipal.

En este sentido, el umbral de consumo por crecimiento urbanístico se limita a "un 20% para el incremento puntual de consumo de suelo, que resultaría de la aprobación de un instrumento de planeamiento --proyectos de PAI, cambios de PGOU--, respecto del urbanizado en el momento anterior al inicio de su tramitación".

Dicho límite se reducirá al 15% cuando "la proporción de solares vacantes en el municipio en relación a la superficie total urbanizada sea superior al 20%". Eso significa que si en un municipio hay muchos solares urbanizables aún por desarrollar, se acota su capacidad de desarrollo urbanístico.

Esta regulación entrará en vigor próximos días, al publicarse en el Diario de la Generalitat.

El urbanismo juega a la ruleta rusa

LEVANTE

EDITORIAL

En la mente de muchos valencianos perduran las imágenes de sus viviendas anegadas durante las riadas cíclicas que se registran en el Mediterráneo. Vinaròs, Nules, Catarroja, Gandia, Dénia o Alicante han sufrido el azote de las inundaciones, un desastre natural imparable, que en muchos casos se agrava por los efectos de la desordenación territorial. La Generalitat aprobó en 2003 el plan territorial de riesgo de inundaciones de la Comunitat Valenciana (Patricova) que supuso un avance en el campo de la prevención de las riadas, pero que no ha evitado las actuaciones urbanísticas en áreas inundables. Tres años después, un organismo europeo, el Observatorio para la Ordenación del Territorio, aporta datos que deben hacer reflexionar a quienes toman decisiones sobre la planificación del suelo. Aunque hay áreas en peor situación, Alicante y Valencia son clasificadas como zonas de riesgo susceptibles de sufrir desastres naturales, en una escala de cuatro sobre cinco. Pero el informe añade, y es el dato preocupante, que Alicante y Valencia -aunque esta última en un grado menor- son de las zonas de la Unión Europea más vulnerables a los imprevistos de la naturaleza por la masiva ocupación del suelo. Si los ayuntamientos continúan programando zonas urbanas en áreas inundables o muy cercanas a ellas será como jugar a la ruleta rusa con sus decisiones urbanísticas. De ahí que sorprenda la decisión de la Conselleria de Territorio de autorizar excepciones a la edificación en las desembocaduras de los ríos si los promotores de la actuación eliminan el riesgo. El Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana ya ha dado la voz de alarma.

Involución urbanística

LEVANTE

OPINIÓN - "Involución urbanística"

El debate urbanístico, centrado en el desbordamiento de la actividad inmobiliaria, en el sinfín de ilegalidades, abusos y desmanes, está pasando por alto otros aspectos de gran calado y alcance. Entre ellos destaca el que podríamos calificar de involución urbanística. En el Estado Español el nacimiento del Urbanismo moderno fue un dificultoso proceso que se consolidó lentamente en los siglos XIX y XX ante la resistencia que opuso la entonces poderosa clase de los terratenientes: un grupo social enfrentado a su avance, a cualquier reforma en el régimen del suelo urbano que supusiera una limitación de sus prerrogativas, y especialmente la derogación del histórico Ius Aedificandi romano, del derecho universal reconocido a todos los propietarios fundiarios de edificar sobre sus predios.

Tal derecho no había supuesto ningún conflicto en las anteriores sociedades, donde las posibilidades reales de edificar eran muy limitadas. Pero con la consolidación de la Revolución Industrial, y el desarrollo técnico y económico que conlleva, este derecho universal deja de ser viable, y, poco a poco, las legislaciones urbanísticas, se encargarán de acotarlo, de limitarlo a aquellos suelos que específicamente se determinan: los que el planeamiento urbanístico fije como aptos para su urbanización. Sólo éstos serán en lo sucesivo aptos para urbanizar. Acabar con el Ius Aedificandi fue una ruptura histórica que se consigue finalmente con la Ley del Suelo de 1956. Casi medio siglo después, parecía que este avance estaba arraigado y fuera de discusión. Pero no es así, no existen conquistas ni avances sociales irreversibles.

Ya en los años 80, algún ministro socialista había formulado críticas al planteamiento restrictivo, a la limitación del Derecho Universal a la Urbanización, que, en su opinión, «obstaculizaba la competencia» y la productividad del sector inmobiliario, valores que ya comenzaban a desplazar a otros que hasta entonces habían sido fundacionales en el Urbanismo: su concepción como servicio público, como mecanismo redistributivo.

Otro ataque de envergadura tuvo lugar cuando, tras la práctica derogación por el Tribunal Constitucional de la Ley del Suelo de 1992, se aprueba en 1998, pese a las protestas profesionales, otro nuevo texto que da un vuelco a la situación previa, al establecer que todo el Suelo No Urbanizable Común (el no sujeto a restricciones o protecciones especiales) podría ser urbanizado. Un torpedo bajo la línea de flotación del sistema al extender la acción urbanizadora a todo el territorio, con la única excepción de los suelos de protección especial. Contra lo que inicialmente se dijo, que esta opción no era de aplicación en la Comunidad Valenciana, que ya disponía de legislación propia -la LRAU de 1994-, y donde no se contemplaba tal posibilidad, la praxis urbanística fue aceptando que instrumentos subordinados -los Planes Parciales- modificaran lo establecido en los Planes Generales, y ampliaran la urbanización a los suelos rústicos. El definitivo espaldarazo de esta discutible práctica, en opinión de algunos expertos inválida de raíz, vino con la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (LOTPP) de 2004. Paradojas del destino, una norma formulada para proteger se convertía en el caballo de Troya, en instrumento de desmontaje de un sistema urbanístico que, con todos sus defectos y transgresiones, había guiado el crecimiento urbano en el último siglo, y que instituía controles y previsiones de naturaleza pública.

La LOTPP ha establecido un nuevo mecanismo que sus impulsores han bautizado como metro por metro, por medio de la cual se permite -ahora ya sí oficialmente y sin tapujos- la extensión de la acción urbanizadora a todo el suelo no protegido -las polémicas reclasificaciones- exigiendo a cambio la cesión de un metro de suelo no urbanizable protegido no productivo por cada metro reclasificado. El valor de un metro cuadrado de suelo urbanizable así obtenido multiplica por 20 ó 30 veces el del suelo rústico que se cede; es como cambiar plata por espejitos. Para más sarcasmo, esta medida se presenta como una acción positiva en defensa del ecosistema, del territorio y del paisaje. La institución del metro por metro supone la derogación del Ius Aedificandi, del Derecho Universal a la Edificación, o mejor dicho su transformación en un Derecho Universal a la Urbanización, ya que de esta actividad es de lo que se trata, de la invalidación del planeamiento urbanístico y la racionalidad en la ocupación y uso del suelo.

Los efectos urbanísticos de la reinstauración de un Derecho Universal a la Urbanización son ya perceptibles. Prácticamente todo el territorio se convierte en potencial solar, en objetivo para un Urbanismo que no conoce límites. El planeamiento urbanístico, entendido como previsión de un modelo espacial de urbanización, se vacía de sentido. Incapaz de establecer propuestas estructurales estables, racionales y creíbles, el crecimiento se produce a saltos, primando la fragmentación y la ocupación indiscriminada del territorio: un modelo espontáneo, guiado por la lógica a corto plazo del mercado.

La sustitución de la racionalidad urbanística que pretendía ser científica, gobernada por el interés común, por la simple lógica del mercado tiene, a largo plazo, costes y cargas que tendremos que asumir colectivamente. Una pesada hipoteca, consecuencia de un modelo cada vez más insostenible, será la herencia que dejaremos a las generaciones sucesivas. No deja de ser paradójico que cuando la sociedad comienza a tomar conciencia de la gravedad de la crisis ecológica, de la existencia de límites a la acción humana, al crecimiento económico, precisamente entonces la acción urbanizadora parezca no tenerlos.

La cesión del ´metro por metro´ podrá ser monetaria

MEDITERRÁNEO

El reglamento que desarrollará la Ley Urbanística Valenciana (LUV), que actualmente está en fase de dictamen del Consejo Jurídico Consultivo, y que regulará cómo se aplicará la cesión del metro por metro en los desarrollos urbanísticos, contempla la posibilidad de cumplir este requisito mediante "una aportación monetaria equivalente" como contraprestación de la cesión de terrenos protegidos.

El dato lo dio a conocer ayer Jesús Marín, asesor jurídico de la Conselleria de Territorio, que participó en el marco de las jornadas del Foro Hábitat, como respuesta a la batería de preguntas de los constructores allí presentes.

El documento, que tendrá más de 600 artículos y se dividirá en dos libros distintos --el primero desarrollará la LOT y el segundo la LUV y la Ley del Suelo No Urbanizable-- establece que "únicamente podrán ser objeto de cesión los terrenos expresamente declarados como suelo no urbanizable protegido", como "parques naturales, parajes naturales, reservas naturales, monumentos naturales y de interés...". Tendrán la misma consideración espacios de la Red Natura 2000 y las zonas húmedas catalogadas.

Territorio dice que no permitirá ninguna actuación que contradiga el plan del litoral

LEVANTE

La Conselleria de Territorio analizará caso por caso la compatibilidad del plan de acción territorial del litoral (PATL) con los planes generales de los 70 municipios afectados (60 en la costa y 19 en el interior). Sobre las alegaciones presentadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana y el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia declinaron realizar ninguna valoración hasta que no las examinen detenidamente.

De hecho insisten en que la incidencia de la suspensión de licencias en los 79 municipios afectados «será mínima», aunque habrá que ver «caso por caso», por lo que ahora examinarán las alegaciones presentadas por los respectivos ayuntamientos para determinar con exactitud las modificaciones de los planes generales que habrá que aprobar. No obstante, desde el departamento que dirige Rafael Blasco, sostienen que las comisiones territoriales de urbanismo de Alicante, Castelló y Valencia, examinarán con lupa los planes urbanísticos que tramiten para que no contradigan el plan de acción territorial del litoral.

Europarlamentarios advierten que harán todo lo posible para ayudar a los afectados por la LUV

LEVANTE

Europarlamentarios advierten que harán todo lo posible para ayudar a los afectados por la LUV

El presidente y vicepresidente primero de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Marcin Libicki y Michael Cashman, respectivamente, afirmaron ayer, en una declaración sobre la legislación urbanística en la Comunitat Valenciana, que el propósito de esta comisión es el de «continuar haciendo todo lo posible de forma extrajudicial para ayudar a aquellos ciudadanos afectados a que obtengan compensaciones», ya que la ley urbanística valenciana (LUV) «no resuelve las cuestiones fundamentales planteadas por los peticionarios a la comisión parlamentaria».

Para la comisión de Peticiones, «la escala del problema y su impacto sobre las vidas de las personas está muy clara», por lo que «continuará trabajando para convencer a las autoridades sobre la necesidad de cumplir con las recomendaciones que figuran en la resolución del Parlamento» presentada en diciembre del año pasado, basada en un informe de la ponente Janelly Fourtou.

Añadieron que la comisión de Peticiones «ha recibido y continúa recibiendo muchos casos documentados en los que aparentemente las autoridades locales no han respetado los derechos individuales de ciudadanos europeos que han adquirido legítimamente una propiedad. Muchos han perdido su tierra, sus hogares y sus inversiones, y han tenido que financiar los costes de una nueva infraestructura», aseveraron.

En esta línea, subrayaron que las peticiones se refieren también a las consecuencias para el medio ambiente de tales proyectos y de su impacto en los suministros de agua, así como a la contratación pública y a los procedimientos de licitación, por lo que la comisión tiene abierto un procedimiento de infracción contra la LUV, por el incumplimiento de directivas de contratos.

También criticaron varios artículos publicados recientemente en la prensa española en los que se recogen declaraciones de miembros del Consell cuestionando la base de la investigación del Parlamento sobre el urbanismo valenciano y en los que se cuestiona «la integridad de los diputados que han defendido los derechos de los peticionarios que se han dirigido al Parlamento de buena fe». Por último, manifestaron que la comisión es «consciente» de que «este problema ha surgido en otras regiones españolas», por lo que «en este momento hay investigaciones en curso», concluyeron.

La UE hará "todo lo posible" para ayudar a los afectados por la LUV

PANORAMA ACTUAL

El presidente y vicepresidente primero de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Marcin Libicki y Michael Cashman, respectivamente, afirmaron este miércoles, en una declaración sobre la legislación urbanística en la Comunitat Valenciana, que el propósito de esta comisión es el de "continuar haciendo todo lo posible de forma extrajudicial para ayudar a aquellos ciudadanos afectados a que obtengan compensaciones", ya que la Ley Urbanística Valenciana (LUV) "no resuelve las cuestiones fundamentales planteadas por los peticionarios a la comisión parlamentaria".

Para la comisión de Peticiones, "la escala del problema y su impacto sobre las vidas de las personas está muy clara", por lo que "continuará trabajando para convencer a las autoridades sobre la necesidad de cumplir con las recomendaciones que figuran en la resolución del Parlamento" presentada en diciembre del año pasado, basada en un informe de la ponente Janelly Fourtou.

En este sentido, recordaron que la cámara europea ha recibido varias peticiones sobre este tema desde 2003. Así, señalaron a modo de ejemplo que la petición presentada por Abusos Urbanísticos-No cuenta con un apoyo aproximadamente 15.000 firmas contra la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), además de otras peticiones presentadas por asociaciones independientes, incluidas comunidades locales, que han servido para proporcionar información relevante.

Además, añadieron, la comisión de Peticiones "ha recibido y continúa recibiendo muchos casos documentados en los que aparentemente las autoridades locales no han respetado los derechos individuales de ciudadanos europeos que han adquirido legítimamente una propiedad". "Muchos han perdido su tierra, sus hogares y sus inversiones, y han tenido que financiar los costes de una nueva infraestructura", aseveraron.

En esta línea, subrayaron que las peticiones se refieren también a las consecuencias para el medio ambiente de tales proyectos y de su impacto en los suministros de agua, así como a la contratación pública y a los procedimientos de licitación, por lo que la comisión tiene abierto actualmente un procedimiento de infracción, basado en el artículo 226, sobre este último asunto.

Asimismo, criticaron varios artículos publicados recientemente en la prensa española en los que se recogen declaraciones de miembros del Gobierno valenciano cuestionando la base de la investigación del Parlamento sobre el impacto de la Ley urbanística de Valencia y en los que se cuestiona también "la integridad de los diputados que han defendido los derechos de aquellos peticionarios que se han dirigido al Parlamento de buena fe".

Además de las intervenciones del Parlamento, que adoptó una resolución y ha realizado dos visitas a la región --la última con participación de Michael Cashman-, y la presentación de un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pendiente de sentencia, indicaron que "tanto los particulares como las asociaciones pueden apelar a los tribunales españoles, como de hecho muchos están haciendo".

Por último, manifestaron que la comisión es "consciente" de que "este problema ha surgido también, aunque en menor medida, en otras regiones españolas", por lo que "en este momento hay investigaciones en curso", concluyeron.

El Comité de Peticiones advierte al Consell que aún no ha resuelto las denuncias por abusos urbanísticos

LEVANTE

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo «seguirá revisando» los supuestos abusos derivados de la legislación urbanística valenciana, que las autoridades autonómicas aún no han explicado cómo van a resolver, según una carta enviada al vicepresidente del Consell, Víctor Camps, el pasado 24 de abril. La misiva está firmada por el presidente de la comisión de Peticiones, Marcin Libicki, quien se dirige al vicepresidente del Consell, Víctor Campos, a quien «agradece la información remitida el 31 marzo sobre la ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU) y su sucesora, la ley urbanística valenciana (LUV)». Muy «preocupada» «No obstante, la comisión de Peticiones continúa muy preocupada», dado que aún no ha recibido «indicaciones de ningún tipo» sobre cómo las autoridades autonómicas o municipales van a responder a la «tremenda injusticia sufrida» por ciudadanos españoles y de otros paises de la UE, debido a los abusos de la LRAU, indica la misiva. Libicki añade que «según revelan los casos más recientes, las autoridades locales continúan abusando de los derechos de los ciudadanos sobre sus propiedades legítimamente adquiridas y no responden a las peticiones individuales de revisar los planes». «El hecho de que las autoridades locales aprobaran por vía acelerada y en el último minuto 34 nuevos planes sin previa consideración y con el sólo objetivo de entrar en el plazo de la LRAU demuestra la cuestionable motivación de los mismos», agrega la carta. El presidente del Comité de Peticiones alude así a la avalancha de programas de actuación integrada (PAI) que se sucedieron durante el mes de diciembre y enero, desde que se aprobó la LUV en las Cortes hasta que entró en vigor el 1 de febrero pasado. El propio conseller de Territorio, Rafael Blasco, reconoció en esa misma fecha que su departamento tramita 122 programas de actuación integrada (PAI) presentados por 77 municipios para reclasificar 6.000 hectáreas (Ha) de suelo. Todos estos PAI, que reclasifican suelo rústico para convertirlo en urbanizable, se tramitarán por la LRAU, aunque Blasco anunció que les aplicaría muchos de los preceptos de la nueva legislación. Blasco también ha dudado, en sucesivas comparecencias ante los medios, de la existencia de las 15.000 quejas presentadas ante Europa. Con todo, el presidente del Comité de Peticiones confía en que el Consell «dé instrucciones para la revisión de planes urbanísticos que cuentan con un gran rechazo, como los de los municipios alicantinos de Benissa (PP), Parcent (PP) y Tibi (PSPV)». Sobre Parcent, explica que el Parlamento Europeo «sigue recibiendo peticiones de los ciudadanos afectados», y recuerda que la Eurocámara tiene previsto estudiar ese plan. Además, advierte de que el Parlamento Europeo continuará revisando la situación e informa de que no descarta organizar más debates en un futuro próximo sobre ese asunto, «con la cooperación del resto de instituciones de la UE».

La UE seguirá investigando el urbanismo valenciano

LAS PROVINCIAS

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo “seguirá revisando” los supuestos abusos derivados de la legislación urbanística valenciana, “que las autoridades autonómicas aún no han explicado cómo van a resolver”, según una carta enviada al Consell el pasado 24 de abril.

La misiva, firmada por el presidente de la comisión de Peticiones, Marcin Libicki, se dirige al vicepresidente del Consell, Víctor Campos, a quien agradece la información remitida a finales de marzo sobre la LRAU y su sucesora, la Ley Urbanística Valenciana (LUV).

Libicki añade que según revelan los casos más recientes, “las autoridades continúan abusando de los derechos de los ciudadanos”. El hecho de que se aprobaran por vía acelerada y “en el último minuto” 34 nuevos planes con el sólo objetivo de entrar en el plazo de la LRAU “demuestra la cuestionable motivación de los mismos”, agrega la carta.

Paralizar planes aprobados

La comisión de Peticiones confía en que el Consell “dé instrucciones para la revisión de planes urbanísticos que cuentan con un gran rechazo, como los de los municipios alicantinos de Benissa, Tibi y Parcent”.

La televisión alemana que cuestionó el urbanismo valenciano emitirá otro reportaje sobre la Comunitat

LAS PROVINCIAS

El Consell denunció que la cadena ARD omitió sus declaraciones

La cadena pública ARD prepara un nuevo reportaje sobre el urbanismo valenciano. La televisión alemana ya realizó un programa el pasado mes de febrero en el que lanzó duras críticas a la Comunitat y en el que, según miembros del Consell, se omitieron declaraciones grabadas para la cadena. El nuevo documental se emitirá el 25 de mayo.

El primer reportaje se emitió en Alemania el pasado mes de febrero, pero la ARD, el canal público de televisión alemán, tiene previsto un nuevo programa sobre el modelo urbanístico de la Comunitat Valenciana.

La cadena de televisión pública fue el último medio de comunicación extranjero que arremetió contra el modelo urbanístico valenciano.

La información emitida a principios de año titulaba su reportaje España: expropiaciones de propietarios de terrenos y detallaba las denuncias sobre los supuestos abusos que han sufrido en los últimos años ciudadanos belgas y alemanes residentes en la Comunitat.

La productora encargada de la elaboración de la noticia realizó previamente diversas entrevistas con responsables del Gobierno valenciano, como el conseller de Territorio, Rafael Blasco.
Sin embargo, el Consell denunció entonces que se omitieron las declaraciones del responsable de Urbanismo en la Generalitat.

Nuevo documental Fuentes consultadas por LAS PROVINCIAS aseguraron que la cadena de televisión pública ha solicitado una nueva entrevista con el responsable del departamento de Territorio y Vivienda para realizar un nuevo programa que se centrará en el crecimiento urbanístico de la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía. Sin embargo, aseguraron las mismas fuentes, el documental “deja fuera otras autonomías del arco mediterráneo como Cataluña”.

El nuevo reportaje, según ha sabido LAS PROVINCIAS, durará unos 30 minutos y su emisión está prevista para el 25 de mayo en hora de gran audiencia. Por el momento, el responsable de la Conselleria de Territorio no ha confirmado su participación en el programa que prepara el medio de comunicación.

La cadena de televisión ARD no fue el único medio de comunicación alemán que se cebó con el modelo urbanístico valenciano. Las críticas sobre la anterior legislación también se reflejaron en varios reportajes publicados por otros dos medios de comunicación: el Süddeusche Zeitung y el Die Welt .

Como ya adelantó LAS PROVINCIAS, los dos rotativos denunciaron la “abusiva” aplicación de la normativa valenciana, recogiendo en sus páginas declaraciones de los afectados por la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU).

Charles Svoboda, presidente de la asociación de afectados, es una de las voces que aparecían en las informaciones.

El 29 de enero de 2004 fue una de las primeras ocasiones en las que la prensa internacional recogió en sus informaciones los supuestos abusos a los que se han visto sometidos durante más de una década los afectados por la ya derogada LRAU.

Tras las primeras denuncias en la prensa, auspiciadas por la asociación Abusos Urbanísticos NO tras llevar 15.000 quejas al Parlamento Europeo, los medios de comunicación extranjeros volvieron a contraatacar contra la legislación valenciana.

Diarios de reconocido prestigio internacional como The Times, el Daily Telegraph , el Daily Express , Le Figaro, la BBC y hasta Televisión Española (TVE), publicaron informaciones sobre el denominado “land grab” o robo de tierras que, según explicaban sus protagonistas, se practica durante años “impunemente” en la Comunitat Valenciana.