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LUV - Ley Urbanística Valenciana

Recopilación de noticias, opiniones y novedades que surjan alrededor de la recientemente estrenada Ley Urbanística Valenciana.

martes, junio 27, 2006

Territorio pretende sustituir los planes municipales por otros comarcales y autonómicos

ABC

El conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, anunció ayer que su departamento pretende llevar a cabo un impulso al planeamiento urbanístico de carácter supramunicipal a través del marco legal que existe ya en la Comunidad Valenciana en materia de urbanismo y ordenación medioambiental. El titular de urbanismo explicó que la Conselleria buscará priorizar los planes comarcales y autonómicos para aprovechar las «ventajas» que aportan en la ordenación del territorio y evitar «riesgos».

González Pons se reunió con el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, Juan Castillo Carpio, a la que asistieron los presidentes de los colegios territoriales de arquitectos de Valencia y Castellón. Tras la reunión, el conseller explicó que estos planes se harán «en coordinación con los ayuntamientos», con lo que dio a entender que esta política autonómica no supondrá merma en las potestades municipales.

«La mejor ley es un plan y el mejor legislador es el que planea sustituir el planeamiento local por el comarcal o autonómico», añadió el miembro del Ejecutivo, quien aseguró que esta medida no está relacionada con los PAI en marcha.

González Pons coincidió con Castillo Carpio en los puntos que deben marcar de aquí en adelante la gestión de Territorio, aunque el conseller apuntó que éstos ya se venían cumpliendo antes de su nombramiento.

«Aquello que no cumple la ley, es inaceptable»; «aquello que cumple la ley, pero no deja resueltos los problemas que crea, es inaceptable», y «aquella ley que permite que se puedan crear problemas y no exija que, simultáneamente, queden resueltos, no es aceptable», son las máximas en que el decano de los arquitectos resumió esta filosofía.

El conseller se comprometió también a consultar al Colegio de Arquitectos de la Comunidad sobre todas las medidas o iniciativas legales que impulse la Generalitat relacionadas con el urbanismo para favorecer una mejor imagen del sector.

Un alto cargo de Territorio dice que la reserva del 25% para VPO «creará guetos»

LEVANTE

El director general de Planificación y Ordenación Territorial, Pedro Grimalt, aseguró ayer tras analizar con sus homólogos de toda España la ley del suelo que prepara el Ministerio de Vivienda que «generará una enorme inseguridad jurídica, aumentará el precio del suelo e invade competencias de las autonomías».

Según Grimalt, «el Gobierno no puede exigir un porcentaje mínimo de VPO del 25% en los nuevos desarrollos urbanísticos porque es una competencia autonómica. Esta medida es inútil, desequilibrará el mercado y creará guetos de vivienda social», ha señalado Grimalt. Igualmente, Grimalt acusa al Gobierno de «copiar» cuestiones previstas en la ley urbanística valenciana (LUV), como la libertad de empresa en la urbanización o la prohibición de reclasificar suelo afectados por incendios en 30 años

Por otra parte, el conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, anunció ayer que impulsará el planeamiento urbanístico de carácter supramunicipal, tras reunirse con el Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana, Juan Castillo Carpio, y los presidentes de los colegios de Valencia y Castelló. González Pons también se reunió ayer con representantes de Abusos Urbanísticos No. Fuentes de este colectivo aseguraron haberse llevado «muy buena impresión del conseller. Hemos encontrado un talante distinto».

El PP defiende que la LUV "recoge las sugerencias" de Europa

PANORAMA ACTUAL

El secretario Ejecutivo de Política Autonómica y Local del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), César Augusto Asencio, afirmó que el vicepresidente de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, el socialista Michael Cashman, "intenta engañar a los valencianos con declaraciones sesgadas e interesadas al afirmar que la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV) perpetúa los aspectos negativos de la LRAU socialista" cuando, dijo, "sabe perfectamente que recoge todas las recomendaciones y sugerencias de Europa".

martes, junio 13, 2006

Seguimiento diario del DOGV en Bruselas

LEVANTE

La Comisión Europea (CE) considera que «las cifras proporcionadas por las autoridades españolas no son un fiel reflejo del número de PAI (programas de actuación integrada) aprobados en la comunidad autónoma durante el transcurso del presente procedimiento de infracción». La Conselleria de Territorio envió el 17 de marzo de 2006 un listado con los 69 PAI reclasificatorios de suelo que reconocía haber aprobado entre enero de 2004 y enero de 2006. La Comisión detectó que este listado «sólo se refiere a planes reclasificatorios que han sido objeto de revisión por las comisiones territoriales de urbanismo del Gobierno regional» (el último paso antes de la aprobación definitiva por el conseller). Desde la CE recuerdan que «no todos los PAI reclasifican suelo y conforme a la ley urbanística valenciana (LUV) no todos los PAI necesitan aprobación por el Gobierno regional». Y añade una información reveladora del estricto seguimiento sobre el urbanismo valenciano por parte de Europa. «Según la información de que dispone la Comisión, entre junio de 2004 y septiembre de 2005 se publicaron cerca de 1.000 procedimientos para la adjudicación de PAI en el boletín oficial de la Generalitat Valenciana (en referencia al DOGV). Más de 300 sólo en el periodo entre marzo y septiembre de 2005» frente a los 69 que sólo reconocía la Conselleria de Territorio. También reprocha los numerosos PAI que se aprobaron en enero de 2006 para huir de la LUV. «Por tanto, la lista proporcionada por las autoridades españolas no da una cifra exacta de los PAI aprobados en la comunidad autónoma desde marzo de 2005».

El Comité de Peticiones insta al Europarlamento a mantener el control sobre el urbanismo valenciano

LEVANTE

La política urbanística valenciana volvió a hacer acto de presencia ayer en el Parlamento Europeo, provocando el mismo cruce de opiniones a favor y en contra que ha suscitado desde que 15.000 ciudadanos europeos denunciaran abusos y expropiaciones injustificadas ante la comisión de Peticiones de la Eurocámara.

Las 15.000 quejas, cuya existencia algunos niegan, fueron el inicio de un proceso que terminó con un informe «enormemente crítico en relación con la situación que se había creado» y que se aprobó «por mayoría absoluta aplastante» por el Pleno en diciembre del año pasado.

Las citas forman parte del informe sobre la actividad del año pasado de la comisión de Peticiones que debatió ayer el Pleno, elaborado por su vicepresidente, el socialista británico Michael Cashman. El eurodiputado asegura en este informe que «el asunto más importante investigado por la comisión» fue el que terminó con la reprobación de la política urbanística que ejerce la Generalitat. Cashman insistió sobre esta idea durante el debate que celebró el Parlamento, donde aseguró que «por desgracia, la situación en la Comunitat Valenciana sigue siendo grave y requiere que sigamos con nuestros controles». Apostó así por continuar la vigilancia sobre la ordenación del territorio en la Comunitat, incluso al margen del procedimiento de infracción que sigue la Comisión Europea Ñla institución con potestad para denunciar al Tribunal de Justicia de la UEÑ contra la ley urbanística valenciana (LUV) sobre la que Bruselas ya alertó de irregularidades incluso durante la fase de su elaboración. Por lo que respecta a las actividades del Parlamento Europeo, Cashman aludió al caso valenciano como la cuestión más importante en la que la comisión pudo ejercer su influencia el año pasado de cara a la ciudadanía. En las páginas de su informe recordó que la ya derogada ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU) «establece la obligación, irregularmente aplicada por las autoridades locales, de permitir la edificación de cualquier terreno calificado de urbanizable por las autoridades locales, en colaboración (por decirlo suavemente) con unos promotores inmobiliarios que actúan por puro interés general». Estas citas se incluyen en la exposición de motivos del informe, por lo que tendrán carácter jurídico en la resolución que se aprobará hoy.

Rifirrafe Iturgaiz-Cashman

Sin embargo, el informe ya pasó por el acuerdo unánime de la comisión de Peticiones, a la que también pertenece el popular Carlos Iturgaiz, que ayer volvió a defender a capa de espada el urbanismo valenciano y a atribuir las críticas a una campaña de desprestigio. «La Comunidad es un ejemplo de modelo de crecimiento ordenado, coherente y de desarrollo sostenible a pesar de la imagen de destrucción que el entorno del PSOE y del Gobierno quieren trasladar a la UE», dijo. Aludió a «una campaña de desprestigio de TVE, con información sesgada del desarrollo urbanístico» y reprochó a Cashman que haya logrado «meter pulla» en torno a este tema con la inclusión de sus críticas a la Generalitat en la exposición de motivos de su informe. La diputada socialista Inés Ayala contrarrestó diciéndole a Iturgaiz que «no estamos aquí para hacer ningún debate español para las televisiones. Ahí están las 15.000 peticiones de ciudadanos de toda Europa». Cashman, por su parte, respondió al diputado del PP recordándole la demanda de disculpas que ya exigió a un «ex ministro valenciano», en alusión al ex conseller de Territorio y actual titular de Sanidad, Rafael Blasco, por lo que podría haber sido un atentado a su honor. Ayer, Cashman recordó que ya advirtió a Blasco, que «no estoy librando una lucha contra el Gobierno de Valencia» y advirtió: «Estas acusaciones me las tomo muy en serio porque se socava mi integridad y mi reputación».

lunes, junio 12, 2006

El Consell aprobó 69 PAI entre los años 2004 y 2005

LEVANTE

La secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente, Cristina Serrano, afirmó ante las informaciones de la Comisión Europea de que el Consell ha tramitado 1.000 PAI en 15 meses que «la Generalitat sólo ha aprobado 69 planes de actuación es integrales reclasificatorios entre 2004 y 2005». Serrano además explicó que esta constatado en las actas de las comisiones territoriales de urbanismo, lugar donde se aprueban la reclasificaciones para poder llevar a cabo un PAI». Cristina Serrano ha explicado que en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV) «se publican todas las alternativas de los promotores sobre un terreno en el que les gustaría realizar un PAI, pero esto no significa que finalmente sean aprobados».

Suspensión de la tramitación de los PAI

LEVANTE

El nuevo conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, ha suspendido de forma temporal la tramitación de los 27 Planes de Actuación Integrada proyectados en la provincia de Castelló.

El ex portavoz del Gobierno valenciano, que sustituye en el cargo a Rafael Blasco, quiere estudiar previamente la situación de cada uno, y para ello ha paralizado provisionalmente el trabajo que llevaba hasta estos momentos la Comisión Territorial.

Cabe recordar que Blasco ya paralizó 15 de los 27 PAI remitidos a la conselleria por Almenara, Segorbe, Betxí, Borriol, Peñíscola, Torreblanca, Moncofa, Vila-Real, Xilxes, Sant Jordi, Cabanes, Alquerías del Niño Perdido, Artana, Onda y la Vall d'Alba, al no contar con los conciertos previos de los Planes Generales de Ordenación Urbana.

Según fuentes de la conselleria, la LUV se aplicará en aquellos PAI que aún no han sido aprobado de forma definitiva por los ayuntamientos, mientras el resto de planes parciales seguirán con la antigua LRAU.

Los nuevos planeamientos, según la LUV, tendrán que incluir, además de la revisión de los PGOU, nuevas garantías ambientales y fomentar el modelo de ciudad compacta que favorezca un consumo más racional de recursos escasos.

Cabe señalar que los planes parciales deberán introducir un estudio de paisaje, en el que se determinen las zonas que el ayuntamiento considere susceptibles de protección, y más áreas verdes urbanas, hasta un mínimo de 10 metros cuadrados por habitante.

González Pons condiciona el crecimiento a un "territorio sostenible"

PANORAMA ACTUAL

El conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, aseguró que "si nuestro espacio está limitado, el urbanismo también lo está y el crecimiento sin límites y a costa de todo en nuestra Comunidad es materialmente imposible".

"El territorio es el que es, está limitado y nadie puede permitirse el lujo de sobreexplotarlo porque es patrimonio de todos", según dijo González Pons en la inauguración del I Congreso Internacional de Paisaje, en la que estuvo acompañado por el presidente del Consell Valencià de Cultura, Santiago Grisolía, y que se celebra en Valencia y reúne a más de 250 expertos para abordar las diferentes políticas y experiencias en materia de ordenación del territorio.En este sentido, el conseller de Territorio aseguró que "en la Comunitat Valenciana contamos con todas las garantías jurídicas, democráticas y administrativas para asegurar que nuestro territorio nunca va a encoger", informaron fuentes de la Generalitat."Somos responsables -continuó González Pons- de que nuestro territorio tenga un día de mañana, porque nos pertenece tanto como perteneció a nuestros abuelos o como pertenecerá dentro de poco a nuestros nietos"González Pons apostó por un urbanismo "verde, amable y sostenible" y aseguró que "ese es el modelo que lidera el Gobierno de presidente Francisco Camps, y que viene desarrollando políticas activas de paisaje a partir de los principios acordados en la Convención Europea del Paisaje". En este contexto, dijo el conseller, "el paisaje está conociendo una innegable etapa de reivindicación y puesta en valor y prueba de ello es la celebración de encuentros como el que se estamos celebrando".El responsable de política medioambiental del Consell aseguró que tanto el territorio como el paisaje "contribuyen al logro de objetivos sociales de gran interés que afectan a la calidad de vida de los ciudadanos y al desarrollo equilibrado y sostenible del espacio vital".El Congreso Internacional se enmarca dentro de la "intensa actividad que se viene desarrollando en torno al paisaje en nuestra Comunidad y cuyo punto de arranque fue la aprobación de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, que lo elevó a rango de ley por primera vez en nuestro país", según las citadas fuentes.El objetivo es "abrir espacios de debate sobre el paisaje, su ordenación y su protección que sirva para explicar y desarrollar las diferentes experiencias y metodologías utilizadas en la planificación en el ámbito nacional e internacional".El Congreso tiene un intenso programa de ponencias entre las que las mismas fuentes destacaron la de Maguelonne Dejeant-Pons, Comisaria Europea, que actualmente dirige la división de Ordenación del Territorio y del Paisaje del Consejo de Europa, y que fue la responsable de la Convención Europea del Paisaje, "el texto normativo que introdujo una nueva concepción de entender el paisaje como un componente esencial en la calidad de vida". También destacaron la presencia de Carl Steinitz, arquitecto, urbanista y paisajista, Catedrático de Arquitectura del Paisaje de la Universidad de Harvard y que cuenta con más de 35 años de experiencia en la planificación y diseño de soluciones de ordenación y protección del territorio. Steintz ha venido colaborando con la Conselleria de Territorio y Vivienda aportando su experiencia en proyectos concretos, como el Bosque Metropolitano del Turia o la protección de la huerta.Durante estos dos días pasarán por este congreso personalidades como Guido Ferrara, José Miguel Iribas, Florencop Zoido o Vicente Guallart, entre otros expertos en materia de paisaje, concluyeron las citadas fuentes.

Pons: "Si el territorio está limitado, el crecimiento a toda costa es materialmente imposible”

LA VOZ DIGITAL

"El Territorio es el que es, está limitado y nadie puede permitirse el lujo de sobreexplotarlo porque es patrimonio de todos". Este el punto de partida con el que el conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, ha abierto el I Congreso Internacional de Paisaje

Según ha afirmado González Pons, “si nuestro espacio está limitado, el urbanismo también lo está y el crecimiento sin límites y a costa de todo en nuestra Comunidad es materialmente imposible”.

En este sentido, el conseller de Territorio ha asegurado que “en la Comunitat Valenciana contamos con todas las garantías jurídicas, democráticas y administrativas para asegurar que nuestro territorio nunca va a encoger”.

“Somos responsables –ha continuado González Pons- de que nuestro territorio tenga un día de mañana, porque nos pertenece tanto como perteneció a nuestros abuelos o como pertenecerá dentro de poco a nuestros nietos”

González Pons ha apostado por un urbanismo verde, amable y sostenible y ha asegurado que ese es el modelo que lidera el Gobierno de presidente Francisco Camps, y que viene desarrollando políticas activas de paisaje a partir de los principios acordados en la Convención Europea del Paisaje.

“En este contexto, el paisaje está conociendo una innegable etapa de reivindicación y puesta en valor y prueba de ello es la celebración de encuentros como el que se estamos celebrando”, ha afirmado González Pons.

El responsable de política medioambiental del Consell ha asegurado que tanto el territorio como el paisaje contribuyen al logro de objetivos sociales de gran interés que afectan a la calidad de vida de los ciudadanos y al desarrollo equilibrado y sostenible del espacio vital. Dos intensas jornadas El Congreso Internacional se enmarca en dentro de la intensa actividad que se viene desarrollando entorno al paisaje en nuestra Comunidad y cuyo punto de arranque fue la aprobación de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, que lo elevó a rango de ley por primera vez en nuestro país.

El objetivo es abrir espacios de debate sobre el paisaje, su ordenación y su protección que sirva para explicar y desarrollar las diferentes experiencias y metodologías utilizadas en la planificación en el ámbito nacional e internacional.

El Congreso tiene un intenso programa de ponencias entre las que destacan la de Maguelonne Dejeant-Pons, Comisaria Europea, que actualmente dirige la división de Ordenación del Territorio y del Paisaje del Consejo de Europa, y que fue la responsable de la Convención Europea del Paisaje, el texto normativo que introdujo una nueva concepción de entender el paisaje como un componente esencial en la calidad de vida.

También destaca la prestigiosa presencia de Carl Steinitz, arquitecto, urbanista y paisajista, Catedrático de Arquitectura del Paisaje de la Universidad de Harvard y que cuenta con más de 35 años de experiencia en la planificación y diseño de soluciones de ordenación y protección del territorio. Steintz ha venido colaborando con la Conselleria de Territorio y Vivienda aportando su experiencia en proyectos concretos, como el Bosque Metropolitano del Turia o la protección de la huerta.

Durante estos dos días pasarán por este congreso personalidades como Guido Ferrara, José Miguel Iribas, Florencop Zoido o Vicente Guallart, entre otros expertos en materia de paisaje.

Los constructores afirman que la LUV encarecerá el precio del suelo en los PAI

LEVANTE

Los profesionales advierten que la norma alargará la tramitación de los planes

El presidente de la Asociación provincial de Empresarios de la Construcción(APEC), Rafael Doménech, ha advertido que la recientemente aprobada Ley Urbanística Valenciana, en vigor desde febrero, puede provocar un incremento del precio del suelo incluido en los Planes de Actuación Integrada que comporten reclasificación de terrenos.

La LUV aumenta las garantías de los propietarios. Para ello, en las operaciones urbanísticas que se proyecten sobre suelo no urbanizable, los promotores deberán compensar esta actuación mediante la reserva de suelo protegido o a través de una compensación económica. Según Doménech, «esto supondrá un encarecimiento del suelo que es el componente principal del precio de la vivienda» Asimismo, el máximo responsable de la patronal de los constructores de Castelló subraya que la nueva norma urbanística también alargará los plazos de la tramitación de los Planes de Actuación Integrada al prolongar los plazos de información y los términos para presentar alegaciones «lo que supondrá más tiempo de tramitación». Esta medida ha sido incluida por el Gobierno valenciano para afianzar de forma nítida los derechos de los propietarios de suelo. A ello hay que sumar el tiempo de adaptación que conlleva la aplicación de la nueva legislación. «Entre la promulgación de unas disposiciones y su puesta en marcha siempre hay un periodo de adaptación por parte de todos los que actuamos sobre el urbanismo: técnicos municipales y autonómicos, arquitectos, abogados urbanistas,... Con este horizonte se produce una ralentización en los programas que deben acogerse a la nueva normativa», señaló Doménech. El presidente de Apec considera además que pese a la nueva normativa urbanística, «todavía no se han resuelto las incertidumbres sobre el marco urbanístico de la Comunidad Valenciana en su total». Al respecto, recuerda que aún está pendiente la ley de Suelo, de ámbito nacional, que introducirá modificaciones en la modalidad de contratación de la obra y en las valoraciones de las indemnizaciones, «con indudable incidencia en el marco urbanístico» del territorio valenciano.

El PP defiende en la Eurocámara la LUV como modelo urbanístico "ordenado, coherente y sostenible"

EUROPA PRESS

El eurodiputado del PP Carlos Iturgáiz defendió hoy en el pleno del Parlamento Europeo la Ley Urbanística Valenciana (LUV), que puso como ejemplo de modelo de crecimiento "ordenado, coherente y sostenible", y arremetió contra el ponente de un informe que hace balance de las actividades de la comisión de Peticiones de la Eurocámara, en cuya exposición de motivos se dice que la LUV no aborda los problemas que han conducido a una situación de "abuso generalizado".

"El problema sigue sin resolverse para muchas de las víctimas, que han sido privadas de sus terrenos y sus derechos. A pesar de que se ha elaborado una nueva ley, la LUV, las disposiciones que contiene no cumplen las legítimas expectativas de los ciudadanos y no aborda muchos de los importantes problemas que han conducido a esta situación de abuso generalizada", reza el texto debatido esta tarde y elaborado por el eurodiputado socialista Michael Cashman.

Mañana se votará en el pleno una resolución en la que no se alude al problema urbanístico valenciano, pero ello no impidió a Iturgáiz emplearse a fondo en sus críticas hacia el autor del documento. El eurodiputado alegó que la comunidad valenciana es un "ejemplo" de modelo de crecimiento "ordenado y coherente". "Un modelo de desarrollo sostenible --dijo-- a pesar de la imagen negativa y de destrucción del territorio que tanto el Partido Socialista Europeo como el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intenta trasladar a las instituciones de la UE".

Acusó también a RTVE de estar llevando a cabo una campaña de "desprestigio" con información "sesgada y parcial" sobre el desarrollo urbanístico en la comunidad Valenciana, comunidad que, según los datos del eurodiputado, dispone de "una de las legislaciones europeas en materia de protección del territorio más avanzadas". Como prueba de ello, mencionó que cuenta con 19 parques naturales, 31 parajes naturales y cuatro protegidos o que en los últimos ocho años la superficie de espacios protegidos se ha multiplicado por nueve.

A su modo de ver, estos datos sitúan a la comunidad Valenciana 16 puntos por encima de la media europea en lo que a superficie protegida se refiere, superando incluso a países como Dinamarca, Grecia o Portugal. "Por lo tanto --prosiguió-- el Gobierno valenciano del PP modernizó la LUV, aprobada por el Gobierno socialista, de acuerdo con la normativa comunitaria y asumiendo las recomendaciones tanto del Parlamento Europeo como de la Comisión Europea".
Por su parte, la eurodiputada socialista Inés Ayala, evitando alimentar la polémica, se limitó a recordar que el debate no giraba en torno a las actividades de la televisión, sino sobre las denuncias de los europeos. "Simplemente, ahí están las 15.000 peticiones de ciudadanos de toda Europa", señaló en alusión al número de firmas de afectados por la ley valenciana que han hecho llegar su caso a la comisión de Peticiones de la Eurocámara.

Mientras, el también socialista Miguel Angel Martínez consideró una "perversión" que miembros del PE encabecen quejas que se tramitan luego en la comisión de Peticiones --aludiendo, sin citarlo, al caso de la COPE, en que el eurodiputado popular Luis Herrero fue el encargado de presentar las firmas en la citada comisión-- y justificó así la enmienda del PSOE recomendando que se deje a los ciudadanos la iniciativa en estos procedimientos.

DEMASIADO TIEMPO

El informe debatido hoy recoge las actividades de la comisión comprendidas entre marzo de 2004 y diciembre de 2005 y tiene su origen en la exigencia que dicha comisión tiene de presentar al Parlamento el resultado de sus trabajos. En el texto, que mañana será objeto de una resolución, se manifiesta entre otras cosas, la insatisfacción por la cantidad excesiva de tiempo que invierte la Comisión Europea para cerrar los procedimientos de infracción.

También critica que los Estados miembro con frecuencia no cumplan las decisiones del Tribunal de Justicia, dado que este comportamiento perjudica la credibilidad de la aplicación coherente de la legislación comunitaria y desacredita a la UE. En su exposición de motivos, además de la polémica ley urbanística valenciana, el informe menciona a España por inaplicación de la directiva europea sobre adjudicación de contratos públicos.

Territorio exige a Bruselas el listado de mil PAI

LEVANTE

La secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente, Cristina Serrano, aseguró ayer en un comunicado que «la Generalitat sólo ha aprobado 69 planes de actuación integrada (PAI) reclasificatorios entre 2004 y 2005 y así lo constatan las actas de las comisiones territoriales de urbanismo, donde se aprueban la reclasificaciones para poder llevar a cabo un PAI», en respuesta al reproche de la Comisión Europea de que en apenas quince meses se habían tramitado 1.000 PAI en la Comunitat Valenciana.

Serrano explicó que en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)«se publican todas las alternativas de los promotores sobre un terreno en el que les gustaría realizar un PAI, pero esto no significa que finalmente sean aprobados». En este sentido, añade que «la publicación en el DOGV de las alternativas es una obligación legal de todos los promotores para exponer públicamente sus intenciones». Por lo tanto, la secretaria autonómica insta a la Comisión Europea a «facilitar a la Generalitat ese listado de 1.000 PAI tramitados para aclararles los datos, ya que Europa solicitó el número de PAI aprobados por el Consell y esos son los datos que les hemos facilitado». Respecto al retraso y la reducción de la superficie de suelo a incluir en las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Cristina Serrano explica que la Red Natura 2000 «todavía no ha cerrado su catálogo de zonas protegidas y la Generalitat está actualizando los datos que se remitieron por parte de la Comunitat en 1998». Como ha informado Levante-EMV, la Comisión Europea ha abierto otro expediente de infracción a España por el retraso de la Generalitat en proteger terrenos de alto valor ecológico. «En la actualidad Ñjustifica SerranoÑ se está ampliando las áreas ZEPA y todavía estamos a tiempo de incluir en el catálogo europeo nuestras nuevas áreas de protección, para lo que estamos siguiendo el proceso que marca la ley de espacios naturales de la C. Valenciana».

domingo, junio 11, 2006

Europa reprocha a la Generalitat que haya tramitado mil PAI con la LRAU en 15 meses

LEVANTE

La Conselleria de Territorio sólo reconoce haber aprobado 69 planes reclasificatorios en dos años

La Comisión Europea (CE) reprocha al Consell la adjudicación de 1.000 programas de actuación de integrada (PAI) en apenas quince meses, según consta en la última carta de emplazamiento enviada a la Generalitat para comunicar el nuevo expediente de infracción abierto contra la ley urbanística valenciana (LUV) por incumplir varias directivas europeas. El ejecutivo comunitario considera que «las autoridades españolas [en referencia a la Generalitat y los ayuntamientos, que son quienes ostentan las competencias urbanísticas] deberían haber tomado medidas para cancelar contratos adjudicados después del 21 de marzo de 2005, que aún no no se habían ejecutado y podían razonablemente cancelarse», para evitar adjudicar más PAI conforme a la ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU). La fecha del 21 de marzo de 2005 a la que alude la CE es la primera ocasión en que se comunicó a España el expediente de infracción abierto contra la LRAU.

Pero las autoridades españolas no sólo no hicieron caso omiso sino que permitieron que se produjera una nueva avalancha de PAI a finales de 2005 y principios de 2006. Los promotores y los ayuntamientos pretendían evitar la entrada en vigor de la LUV, tramitar los planes urbanísticos con la LRAU, además de querer eludir otro cambio legal introducido en la ley de ordenación del territorio (LOT) (la cesión obligatoria de un metro cuadrado de suelo protegido por cada metro reclasificado en todos los PAI). Esta actitud es, si cabe, aún más grave ya que la Comisión Europea dio un ultimátum a la Generalitat el 15 de diciembre de 2005 [a través de un dictamen motivado, un escrito que si no se llega a a un acuerdo entre las partes ya se resuelve ante el Tribunal de Justicia Europeo]. Precisamente, la Comisión Europea considera que «las autoridades españolas deberían haber tomado medidas después del 15 de diciembre de 2005 para cancelar contratos que no habían sido ejecutados y podían razonablemente cancelarse en aquel momento y para evitar la adjudicación de más contratos conforme a la LRAU», según se apunta en la carta de emplazamiento, que constituye la respuesta oficial a las explicaciones dadas por la Generalitat que no han convencido a Europa.

Principio de confianza legítima

Según el Consell, «la LUV no podría haberse aplicado de forma retroactiva a los PAI ya adjudicados en base a la LRAU porque hubiera supuesto una violación del principio de la confianza legítima». Además, la Conselleria de Territorio aseguró a los responsables de la Comisión Europea que «contrariamente a lo que parece que ha publicado la prensa española, las cifras de PAI adjudicados desde marzo de 2005 y, en particular, durante el mes de enero [el último de vigencia de la LRAU] era extremadamente pequeña» y que «proporcionarían datos fehacientes que así lo mostraban» además de demostrar que «habían tomado medidas para impedir la adjudicación de contratos en base a la LRAU». La Generalitat envió el 17 de marzo de 2006 una tabla en la que sólo reconocía haber aprobado 69 PAI reclasificatorios de suelo en 2004 y 2005. Igualmente, adjuntaron la circular remitida por el conseller de Territorio, Rafael Blasco, a todos los ayuntamientos el 30 de junio de 2004 en las que recordaba que «la LRAU estaba en trámite de modificación» y en la que les instaba a que «tener en cuenta en la adjudicación de PAI las consideraciones de la nueva ley que sustituiría a la LRAU», como prueba de que habían frenado la tramitación de PAI.

sábado, junio 03, 2006

Los expertos en urbanismo lamentan las críticas de la UE, “que han hecho un tremendo daño a la Comunitat”

LAS PROVINCIAS

Prevén un aumento del precio de la vivienda por las exigencias de la nueva ley
Expertos reunidos ayer en Valencia lamentaron los ataques de la Unión Europea al urbanismo valenciano, “que han hecho un tremendo daño a la Comunitat”. Auguraron además un incremento en el precio de la vivienda por las exigencias de la nueva Ley Urbanística Valenciana aprobada en febrero.


Hay que esperar para valorar la legislación urbanística vigente, aunque una pequeña reforma en la anterior norma habría sido suficiente para restablecer los supuestos “abusos” que desde la Unión Europea se vienen denunciando en el último año. Expertos en urbanismo coincidieron ayer en que la nueva ley es mucho más exigente y lamentaron los ataques “injustificados” que el Parlamento Europeo ha lanzado al modelo urbanístico valenciano.

En un desayuno de trabajo organizado por la empresa Lubasa en el marco de Casa Decor, los especialistas analizaron la LUV y su reglamento posterior, que se aprobó la pasada semana.

Todos ellos coincidieron en condenar las críticas de la Unión Europea, “que nos han hecho un tremendo daño a la Comunitat Valenciana”, aseguró el arquitecto Alejandro Escribano, que llegó a decir que la imagen que ha trascendido “es muy errónea”. Destacó que las montañas de la Comunitat están protegidas “y todos los promotores saben que no se puede construir”, aunque dejó claro que los campos de naranjos “están condenados a desaparecer por la competencia del norte de África”.

“Es una ley con una excesiva proliferación de documentos a presentar, que alarga los trámites de forma excesiva”. El abogado José Manuel Palau, experto en urbanismo, definió de esta forma la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV).

Palau destacó que la “proliferación de documentos” obligatorios para que se pueda aprobar un Plan de Actuación Integrada (PAI) –estudio de impacto ambiental, de paisaje, de contaminación acústica, de tráfico– “van a alargar los trámites y consecuentemente se elevan sus costes. Muy pocos acertamos con los documentos que hay que presentar”, dijo Palau, que alertó de que la repercusión será inevitablemente en el precio de la vivienda.

Gerardo Roger Fernández, profesor de Urbanismo de la Politécnica, coincidió con Palau, e incluso apuntó que la ley tendrá que retocarse de nuevo, una vez termine la legislatura, para dar explicaciones a la Unión Europea sobre las denuncias que se presentaron ante Bruselas.

La exigencia de ceder la misma cantidad de metros en zonas no urbanizables que la superficie a urbanizar “también incrementará los costes”, dijo Palau. El reglamento de la obliga a pagar seis euros por metro cuadrado para un Fondo de Cohesión Territorial en el caso de que la promoción sea superior al 15% de la superficie urbanizada de la ciudad.

Entre las bondades de la ley, el arquitecto urbanista Alejandro Escribano, autor de la tesis sobre la prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez, dijo que se prima el crear una buena ciudad con la integración de una nueva zona urbanística en su entorno. Palau criticó que el reglamento de la LUV no se haya elaborado un año después de la entrada en vigor de la ley “para modificar posibles errores”.

El director de Lubasa Urbanismo, Ignacio García, fue el encargado de presentar a los ponentes y destacó la buena marcha de la empresa, que tuvo el año pasado 475 millones de euros de beneficio, con un aumento del 27%.

Varios urbanistas advierten que la LUV «machaca más a los propietarios»

LEVANTE

Los ayuntamientos podrán obtener hasta el 20% del aprovechamiento en los planes urbanísticos con la nueva ley del suelo del Gobierno

La nueva ley urbanística valenciana (LUV) no aumenta las garantías de los propietarios de terrenos, según advirtieron ayer tres urbanistas de alto nivel que participaron en el último desayuno coloquio organizado ayer por la empresa promotora Lubasa en Casa Decor.

Intervinieron Alejandro Escribano (arquitecto urbanista y colaborador de la Conselleria de Territorio en la redacción de la LUV y del reglamento urbanístico); José Manuel Palau (abogado de Gómez Acebo & Pombo, colaborador de Territorio en la redacción del reglamento y ex secretario general de la conselleria de obras públicas y urbanismo) y Gerardo Roger [profesor de urbanismo y considerado como el padre de la ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU) que también ha colaborado con el Ministerio de Vivienda en la redacción de la nueva ley del suelo].

Escribano y Palau señalaron que los cambios introducidos en la LUV para plegarse a las exigencias de la Comisión Europea en los procedimientos de infracción abiertos contra la LUV y la LRAU, no mejoran la situación de los derechos de los propietarios sino que «los machacará más», aseguraron.

Según Escribano, que la LUV recoja la directiva de contratación (por ejemplo al separar agente urbanizador y promotor) ha sido un error que «crea inseguridad jurídica» y que ha dejado a la Generalitat en una «posición débil» ante Europa porque «se ha creado un híbrido y sería muy conveniente que se vuelta a retocar la ley». Palau advirtió que la LUV «provoca una excesiva proliferación de documentos (estudios de impacto, de ruido, de paisaje...) lo que alarga los trámites» y, además, aumenta las cargas urbanísticas por la obligación de ceder un metro de suelo protegido por cada metro de suelo reclasificado. «Si se cree que aumentarán los derechos aplicando las directivas a la LUV es que se desconoce cómo funcionan las directivas. La LUV los machacará más». Por último, Roger adelantó varias pinceladas de la nueva ley del suelo que acaba de aprobar el Gobierno y que aún debe aprobarse en el parlamento. La novedad que más ampollas levantará será la decisión del Gobierno de incrementar hasta el 20% el porcentaje de aprovechamiento urbanístico que los propietarios estarán obligados a ceder a la administración, «en función de la rentabilidad del plan urbanístico». Cada administración decidirá el porcentaje que aplica a cada plan, que también podrá ser inferior al 10% actual. Aunque Roger opta por decir que «es el propietario quien se queda con el 80% ó 90% del aprovechamiento».