El Comité de Peticiones insta al Europarlamento a mantener el control sobre el urbanismo valenciano

LEVANTE

La política urbanística valenciana volvió a hacer acto de presencia ayer en el Parlamento Europeo, provocando el mismo cruce de opiniones a favor y en contra que ha suscitado desde que 15.000 ciudadanos europeos denunciaran abusos y expropiaciones injustificadas ante la comisión de Peticiones de la Eurocámara.

Las 15.000 quejas, cuya existencia algunos niegan, fueron el inicio de un proceso que terminó con un informe «enormemente crítico en relación con la situación que se había creado» y que se aprobó «por mayoría absoluta aplastante» por el Pleno en diciembre del año pasado.

Las citas forman parte del informe sobre la actividad del año pasado de la comisión de Peticiones que debatió ayer el Pleno, elaborado por su vicepresidente, el socialista británico Michael Cashman. El eurodiputado asegura en este informe que «el asunto más importante investigado por la comisión» fue el que terminó con la reprobación de la política urbanística que ejerce la Generalitat. Cashman insistió sobre esta idea durante el debate que celebró el Parlamento, donde aseguró que «por desgracia, la situación en la Comunitat Valenciana sigue siendo grave y requiere que sigamos con nuestros controles». Apostó así por continuar la vigilancia sobre la ordenación del territorio en la Comunitat, incluso al margen del procedimiento de infracción que sigue la Comisión Europea Ñla institución con potestad para denunciar al Tribunal de Justicia de la UEÑ contra la ley urbanística valenciana (LUV) sobre la que Bruselas ya alertó de irregularidades incluso durante la fase de su elaboración. Por lo que respecta a las actividades del Parlamento Europeo, Cashman aludió al caso valenciano como la cuestión más importante en la que la comisión pudo ejercer su influencia el año pasado de cara a la ciudadanía. En las páginas de su informe recordó que la ya derogada ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU) «establece la obligación, irregularmente aplicada por las autoridades locales, de permitir la edificación de cualquier terreno calificado de urbanizable por las autoridades locales, en colaboración (por decirlo suavemente) con unos promotores inmobiliarios que actúan por puro interés general». Estas citas se incluyen en la exposición de motivos del informe, por lo que tendrán carácter jurídico en la resolución que se aprobará hoy.

Rifirrafe Iturgaiz-Cashman

Sin embargo, el informe ya pasó por el acuerdo unánime de la comisión de Peticiones, a la que también pertenece el popular Carlos Iturgaiz, que ayer volvió a defender a capa de espada el urbanismo valenciano y a atribuir las críticas a una campaña de desprestigio. «La Comunidad es un ejemplo de modelo de crecimiento ordenado, coherente y de desarrollo sostenible a pesar de la imagen de destrucción que el entorno del PSOE y del Gobierno quieren trasladar a la UE», dijo. Aludió a «una campaña de desprestigio de TVE, con información sesgada del desarrollo urbanístico» y reprochó a Cashman que haya logrado «meter pulla» en torno a este tema con la inclusión de sus críticas a la Generalitat en la exposición de motivos de su informe. La diputada socialista Inés Ayala contrarrestó diciéndole a Iturgaiz que «no estamos aquí para hacer ningún debate español para las televisiones. Ahí están las 15.000 peticiones de ciudadanos de toda Europa». Cashman, por su parte, respondió al diputado del PP recordándole la demanda de disculpas que ya exigió a un «ex ministro valenciano», en alusión al ex conseller de Territorio y actual titular de Sanidad, Rafael Blasco, por lo que podría haber sido un atentado a su honor. Ayer, Cashman recordó que ya advirtió a Blasco, que «no estoy librando una lucha contra el Gobierno de Valencia» y advirtió: «Estas acusaciones me las tomo muy en serio porque se socava mi integridad y mi reputación».