El PP defiende en la Eurocámara la LUV como modelo urbanístico "ordenado, coherente y sostenible"

EUROPA PRESS

El eurodiputado del PP Carlos Iturgáiz defendió hoy en el pleno del Parlamento Europeo la Ley Urbanística Valenciana (LUV), que puso como ejemplo de modelo de crecimiento "ordenado, coherente y sostenible", y arremetió contra el ponente de un informe que hace balance de las actividades de la comisión de Peticiones de la Eurocámara, en cuya exposición de motivos se dice que la LUV no aborda los problemas que han conducido a una situación de "abuso generalizado".

"El problema sigue sin resolverse para muchas de las víctimas, que han sido privadas de sus terrenos y sus derechos. A pesar de que se ha elaborado una nueva ley, la LUV, las disposiciones que contiene no cumplen las legítimas expectativas de los ciudadanos y no aborda muchos de los importantes problemas que han conducido a esta situación de abuso generalizada", reza el texto debatido esta tarde y elaborado por el eurodiputado socialista Michael Cashman.

Mañana se votará en el pleno una resolución en la que no se alude al problema urbanístico valenciano, pero ello no impidió a Iturgáiz emplearse a fondo en sus críticas hacia el autor del documento. El eurodiputado alegó que la comunidad valenciana es un "ejemplo" de modelo de crecimiento "ordenado y coherente". "Un modelo de desarrollo sostenible --dijo-- a pesar de la imagen negativa y de destrucción del territorio que tanto el Partido Socialista Europeo como el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intenta trasladar a las instituciones de la UE".

Acusó también a RTVE de estar llevando a cabo una campaña de "desprestigio" con información "sesgada y parcial" sobre el desarrollo urbanístico en la comunidad Valenciana, comunidad que, según los datos del eurodiputado, dispone de "una de las legislaciones europeas en materia de protección del territorio más avanzadas". Como prueba de ello, mencionó que cuenta con 19 parques naturales, 31 parajes naturales y cuatro protegidos o que en los últimos ocho años la superficie de espacios protegidos se ha multiplicado por nueve.

A su modo de ver, estos datos sitúan a la comunidad Valenciana 16 puntos por encima de la media europea en lo que a superficie protegida se refiere, superando incluso a países como Dinamarca, Grecia o Portugal. "Por lo tanto --prosiguió-- el Gobierno valenciano del PP modernizó la LUV, aprobada por el Gobierno socialista, de acuerdo con la normativa comunitaria y asumiendo las recomendaciones tanto del Parlamento Europeo como de la Comisión Europea".
Por su parte, la eurodiputada socialista Inés Ayala, evitando alimentar la polémica, se limitó a recordar que el debate no giraba en torno a las actividades de la televisión, sino sobre las denuncias de los europeos. "Simplemente, ahí están las 15.000 peticiones de ciudadanos de toda Europa", señaló en alusión al número de firmas de afectados por la ley valenciana que han hecho llegar su caso a la comisión de Peticiones de la Eurocámara.

Mientras, el también socialista Miguel Angel Martínez consideró una "perversión" que miembros del PE encabecen quejas que se tramitan luego en la comisión de Peticiones --aludiendo, sin citarlo, al caso de la COPE, en que el eurodiputado popular Luis Herrero fue el encargado de presentar las firmas en la citada comisión-- y justificó así la enmienda del PSOE recomendando que se deje a los ciudadanos la iniciativa en estos procedimientos.

DEMASIADO TIEMPO

El informe debatido hoy recoge las actividades de la comisión comprendidas entre marzo de 2004 y diciembre de 2005 y tiene su origen en la exigencia que dicha comisión tiene de presentar al Parlamento el resultado de sus trabajos. En el texto, que mañana será objeto de una resolución, se manifiesta entre otras cosas, la insatisfacción por la cantidad excesiva de tiempo que invierte la Comisión Europea para cerrar los procedimientos de infracción.

También critica que los Estados miembro con frecuencia no cumplan las decisiones del Tribunal de Justicia, dado que este comportamiento perjudica la credibilidad de la aplicación coherente de la legislación comunitaria y desacredita a la UE. En su exposición de motivos, además de la polémica ley urbanística valenciana, el informe menciona a España por inaplicación de la directiva europea sobre adjudicación de contratos públicos.