El CES sitúa el urbanismo como motor económico y alerta de la crisis industrial

TERRA

El Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana (órgano consultivo y asesor de la Generalitat valenciana en asuntos económicos y sociales) sitúa al urbanismo como motor económico por ser el 'más dinámico'. En el lado opuesto de la balanza, alerta de la crisis 'importante' de la industria tradicional alicantina, ejemplarizada en calzado, textil y juguete. El CES denuncia lo que el Gobierno valenciano, al que asesora, no quiere admitir: la fuerte recesión que experimenta el sector industrial en las comarcas alicantinas.

El último informe del CES recoge en el capítulo segundo sobre Rasgos generales de la economía valenciana la mala coyuntura por la que atraviesa la industria y el firme tirón que mantiene el sector del ladrillo y el hormigón. El hilo argumental de la última memoria sigue idéntico guión que el de los partidos de la oposición, los sindicatos de clase e incluso algunas voces empresariales (no la oficial de Coepa).

De manera textual, el informe del Comité Económico habla de 'retrocesos importantes' cuando aborda la espectacular caída de la inversión industrial, un asunto sobre el que este diario ya se ha hecho eco en los últimos meses. Durante el último ejercicio económico y según los datos de la Conselleria de Empresa que cita el CES, 'se ha producido una importante caída inversora en la provincia de Alicante', en la que se concentra la industria tradicional y manufacturera. En cambio, el estudio se refiere a una recuperación del sector del azulejo en la provincia de Castellón, que ha frenado su caída de los últimos años.

Los expertos económicos alertan, además, de que la caída inversora en la industria tradicional alicantina registra las cifras más bajas de la serie histórica (sólo 6,6 y 2,2 millones de euros en el caso del calzado y del textil, respectivamente). Además, otros importantes sectores, algunos complementarios de los anteriores, como caucho-plástico, madera, fabricación de productos metálicos y mueble, han visto disminuir su importe inversor en relación al año anterior. La inversión en industrias que fabrican materiales de construcción crece de forma notable, en sintonía con el crecimiento vigoroso y sostenido del sector urbanizador y edificador de la provincia, arrastrado por el tirón permanente de la segunda residencia o vivienda turística.

En términos globales, el informe destaca 'el importante descenso interanual acumulado en la provincia de Alicante, cercano al 62 por ciento, frente al notable avance en Castellón, del 44,3 por ciento, y más moderado en Valencia, del 3,8 por ciento'. El CES incide en la caída de las ventas exteriores y en el aumento del 5 por ciento en el número de parados en el sector industrial en el conjunto de la Comunidad.

El otro lado de la balanza revela lo que voces sindicales y de la oposición política critican desde hace muchos meses: la economía se mantiene por el sector de la construcción. El CES afirma textualmente que 'el sector de la construcción se ha mostrado, de nuevo, como el más dinámico de la actividad económica valenciana en el año 2005'.

Conde-Pumpido no investigará los delitos urbanísticos que le envió el fiscal valenciano

LAS PROVINCIAS

Los informes irán a una base de datos interna para controlar la carga de trabajo de las fiscalías
La Fiscalía General del Estado no investigará los expedientes sobre posibles delitos urbanísticos cometidos en la Comunitat. El fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, solicitó a la Fiscalía del TSJ valenciano documentación sobre irregularidades en el mes de abril, pero esta sólo formará parte de una base de datos interna.

La Fiscalía General del Estado no abrirá ninguna investigación sobre los supuestos delitos urbanísticos cometidos en la Comunitat y que le fueron remitidos el pasado mes de abril por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia valenciano.

El envío de la documentación partió de una solicitud realizada por el propio fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que basó su petición en el escándalo urbanístico que acababa de descubrirse en Marbella. Conde-Pumpido solicitó información sobre posibles irregularidades –no sólo de urbanismo, sino también medioambientales– a las distintas Fiscalías del país. La respuesta del Ministerio público valenciano fue inmediata y en pocos días Conde-Pumpido ya tenía sobre su mesa 12 expedientes relacionados con la Comunitat –cuatro de ellos sobre la provincia de Valencia y otros ocho sobre la provincia de Alicante–. La remisión de los informes por parte del fiscal jefe valenciano, Ricard Cabedo, provocó las críticas del Consell de Francisco Camps por varias razones. Primero, porque el envío de la documentación a Madrid se realizó tan sólo 24 horas después de que el jefe del Gobierno valenciano acusara al PSOE de impulsar denuncias sobre el urbanismo valenciano con el único objetivo de justificar la derogación del trasvase del Ebro. La premura en recopilar los documentos llamó también la atención del Consell, cuyas relaciones con Cabedo eran, y siguen siendo, cuanto menos, tensas.

El contenido de los informes nunca llegó a trascender y tan sólo se supo que podrían afectar a funcionarios o a administraciones públicas y que algunos ya estaban en el juzgado, mientras que otros permanecían en la propia Fiscalía. En el caso de la provincia de Alicante se dejó ver algo más: dos de los expedientes afectaban a las localidades de Orihuela y Torrevieja, ambas gobernadas por el PP. Los alcaldes de estos dos municipios, José Manuel Medina y Pedro Ángel Hernández Mateo –respectivamente–, acumulan distintas causas por supuesta corrupción, tráfico de influencias y prevaricación.

El fiscal delegado

¿Y que hay de la investigación que se esperaba? Nada, porque no se llevará a cabo. La documentación, según confirmaron fuentes de la Fiscalía General del Estado, sólo formará parte de una base de datos interna con la que se pretende controlar el volumen de trabajo que acumulan las diferentes fiscalías. Esta información servirá de manual para el fiscal coordinador de Medio Ambiente, plaza creada hace unos meses para luchar contra las actuaciones urbanísticas irregulares y que ocupa el valenciano Antonio Vercher. El interés por supervisar el volumen de trabajo de los ministerios públicos está también relacionado con la necesidad de que algunas cuenten con fiscales delegados como apoyo. Así ha sido en el caso de Valencia, donde esta plaza ya ha sido aprobada por el Gobierno. El fiscal delegado centrará su cometido en la prevención y represión de los delitos económicos que estén relacionados con cualquier tipo de corrupción.

El PSPV alerta de que se hacen «reclamos urbanísticos» en parques naturales

LA VERDAD

El secretario de Medio Ambiente, Agua y Agricultura del PSPV-PSOE, Francesc Signes, aseguró ayer que el PP «convierte los espacios protegidos en reclamos urbanísticos, ya que cada vez que protege una superficie es porque va a urbanizar otra igual».

Francesc Signes se refirió así en un comunicado al anuncio realizado por el conseller de Territorio y Vivienda, González Pons, de iniciar los trámites para la declaración del parque natural del río Turia.

Para el responsable socialista, «es positivo que se proteja el único enclave boscoso que ha sobrevivido a la voracidad urbanística en el área metropolitana de Valencia». No obstante, lamentó que la «quiebra económica de la Generalitat obligue a que sólo se pueda adquirir la propiedad de estos terrenos mediante la compensación de suelo protegido por suelo reclasificado, con lo cual el PP protege una zona a cambio de terrenos del mismo tamaño en otra donde los propietarios sí puedan urbanizar».

En este sentido, consideró que el mecanismo de compensación previsto en la LUV «propicia que cada metro reclasificado a urbanizable lleve aparejada la compra de otro metro de suelo protegido. Con ello, el PP convierte los espacios protegidos en reclamos urbanísticos».

Según el secretario de Medio Ambiente del PSPV-PSOE, «esta situación quedó de manifiesto el pasado viernes cuando González Pons comenzó a solicitar donaciones de suelo en la zona de La Vallesa porque la Generalitat no puede comprarlo pero sí cambiarlos por terrenos en otros lugares».

El PSPV acusa al PP de convertir los espacios naturales en reclamos urbanísticos

PANORAMA ACTUAL

SIGNES DICE QUE LA "QUIEBRA" DE LA GENERALITAT CRITICA LA FORMA DE ADQUISICIÓN DE SUELO PARA EL FUTURO PARQUE DEL TURIA

El secretario de Medio Ambiente, Agua y Agricultura del PSPV, Francesc Signes, valoró en un comunicado la decisión del Consell de proteger el entorno del río Turia con la declaración de Parque Natural del Turia, si bien lamentó que la "quiebra" de la Generalitat "obligue a que sólo se pueda adquirir la propiedad de estos terrenos mediante la compensación de suelo protegido por suelo reclasificado", con lo que, en su opinión, "el PP valenciano convierte los espacios protegidos en reclamos urbanísticos".

Signes se refirió de este modo a la declaración como Parque Natural del entorno del río Túria, y dijo que "es positivo que se proteja el único enclave boscoso que ha sobrevivido a la voracidad urbanística en el área metropolitana de Valencia", aunque lamentó que la "quiebra económica de la Generalitat obligue a que sólo se pueda adquirir la propiedad de estos terrenos mediante la compensación de suelo protegido por suelo reclasificado". Con lo cual, subrayó, "el PPCV protege una zona a cambio de terrenos del mismo tamaño en otra donde los propietarios sí puedan urbanizar".

En este sentido, Signes considera que el mecanismo de compensación previsto en la Ley Urbanística Valenciana (LUV) "propicia que cada metro reclasificado a urbanizable lleve aparejada la compra de otro metro de suelo protegido", con lo que, afirmó, el PPCV "convierte los espacios protegidos en reclamos urbanísticos".

Según el responsable socialista, "esta situación quedó de manifiesto el pasado viernes cuando el conseller de Teritorio, Esteban González Pons comenzó a solicitar donaciones de suelo" en la zona del bosque de La Vallesa, en Paterna, "porque la Generalitat no puede comprarlos, pero sí cambiarlos por terrenos en otros lugares".

En este sentido, comentó que la Generalitat "debe hacer un esfuerzo económico para adquirir la propiedad de estos terrenos y ponerlos a disposición de todos los valencianos". Asimismo, reclamó "la protección efectiva de los espacios naturales de la Comunitat Valenciana". Sobre todo, indicó, "porque el PPCV se limita a declarar nuevos espacios protegidos y luego se olvida de ellos". En este sentido, Signes afirmó que la declaración de protección "no es un fin en sí mismo sino un compromiso que es necesario cumplir con medidas efectivas que garanticen la preservación de estos espacios" y, al respecto, exigió al PPCV "que, si realmente quiere proteger el entorno del Túria, apruebe de inmediato un plan de protección de incendios para La Vallesa".

Finalmente, el secretario de Medio Ambiente del PSPV se refirió a "la desidia" de la Generalitat para con los parques naturales de la Comunitat. En este sentido, Signes señaló que, "por un lado, el PPCV se dedica a declarar nuevos parques naturales aunque, por otro, reduzcan la inversión en los mismos". Así, citó como ejemplo que, "sólo en este año han reducido a la mitad los presupuestos para el mantenimiento de los parques naturales, que ha pasado de 4.189.000 euros en 2005 a 2.654.000 en 2006", aseguró.

Interior pide a la Guardia Civil las infracciones urbanísticas en la Comunitat de los últimos tres años

TERRA

El Ministerio del Interior ha ordenado a la Guardia Civil que haga un informe sobre las infracciones urbanísticas que se han denunciado en la Comunitat Valenciana en los tres últimos años. Los agentes han recopilado las actuaciones ilegales más comunes como edificar en suelo protegido, no disponer de licencia o exceder el volumen de lo autorizado.

Intensificar la vigilancia de la Benemérita sobre las infracciones urbanísticas en suelo valenciano. Este parece ser el propósito de la Dirección General de la Guardia Civil al solicitar información de todos las actuaciones denunciadas por los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en los últimos tres años.

El máximo responsable de este grupo en la Guardia Civil ha remitido a todas las unidades una circular en la que se solicita 'conocer el tipo de infracciones, tanto penales como administrativas, que más se detectan en materia de obras, construcciones y/o edificaciones ilegales'.

Además, en el documento también se exige que se anoten 'los detalles significativos de los servicios más relevantes' que se han completado en el citado periodo. Entre las infracciones más habituales que pretende controlar el Gobierno, destacan las edificaciones en suelo no urbanizable especialmente protegido, carecer de licencia, realizar obras que excedan el volumen autorizado y construir en zonas de servidumbre de aguas continentales o costas.

Los hechos más frecuentes

El mismo departamento también quiere conocer en qué se concentran las actuaciones de la Guardia Civil en este ámbito. Por ello piden 'una descripción' de los hechos que originan el 'mayor número de actuaciones de esta índole'. Respecto a los servicios más importantes, solicitan 'un relato detallado' o incluso el parte de novedades.

La Dirección General de la Guardia Civil solicitó la documentación el pasado 25 de julio y establecía de plazo hasta el 28 de ese mismo mes para recibir las contestaciones de todas las unidades. Si se han cumplido los plazos, todos los informes de la Comunitat y de otras autonomías deben estar ya en Madrid. Para la Asociación Independiente de la Guardia Civil (Asigc), la petición de este informe responde a la intención de la Dirección General 'de conocer realmente si existe mucha actividad de los agentes en este campo, tanto de denuncias administrativas como penales'.

En los últimos meses, el urbanismo ha sido uno de los motivos principales por los que se han enfrentado el Gobierno central y el Consell. Dos polémicos reportajes en TVE y un informe del Ministerio de Medio Ambiente sobre las construcciones ilegales desataron la polémica, que también se extendió por varios países europeos.

Desde entonces, la Generalitat ha acusado en repetidas ocasiones a la ministra Cristina Narbona de, precisamente por sus declaraciones sobre el modelo urbanístico, restar turistas a la Comunitat. En el primer semestre, los turistas europeos descendieron un 2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Narbona dice que el Gobierno «no tiene obligación de dar agua» aunque se la pidan

ABC

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, manifestó ayer en Alicante que «si hemos advertido que no hay agua disponible, no tenemos ninguna obligación de darla cuando nos la pidan».

Narbona añadió que le «gustaría» que los informes ministeriales fueran «vinculantes» a la hora de que el Consell autorizara la urbanización de determinadas zonas, pero, según explicó, los gobiernos autonómicos «son los responsables de decir si se hace o no se hace una urbanización».
La ministra respondió así a una pregunta de una joven que mostró su «preocupación» por el crecimiento urbanístico en la Comunidad Valenciana y la falta de agua, durante su intervención en la conferencia «Una alianza por un futuro sostenible: los objetivos de desarrollo de la Declaración del Milenio», dentro del Foro Joven Internacional que se celebra en la Universidad de Alicante.

La ministra reiteró que las competencias en urbanismo corresponden a los gobiernos regionales: «Ya quisiera yo que pudieran ser vinculantes pero la competencia, la responsabilidad en materia de urbanismo es sólo del Gobierno autónomo».

«Aquí, en Valencia, hay una ley que ni siquiera están cumpliendo», resaltó. Según Narbona, esta ley que «están incumpliendo» en la Comunidad valenciana «indicaría precisamente lo vinculante de esos informes, pero ellos son los responsables de decir si se hace o no se hace una urbanización».

La ministra es partidaria de «seguir incrementando el control público sobre nuestras propias aguas subterráneas porque lo que ha pasado en este país es que ha habido una política del agua que concentraba todo el esfuerzo en hacer grandes embalses olvidando las aguas subterráneas y sin suficiente capacidad para controlarlas».

Delitos ecológicos y urbanísticos

Cristina Narbona destacó que desde «hace pocos meses existe en España un fiscal especial para el Urbanismo y el Medio Ambiente, Antonio Vercher, un valenciano de extraordinario prestigio que tiene el cometido de frenar en nuestro país los delitos ecológicos y los delitos urbanísticos».
Asimismo, la ministra de Medio Ambiente subrayó que «ya ha caído la inversión extranjera en inmuebles en nuestro país», lo cual «es síntoma de que hemos construido más de la cuenta».

«Espero que haga que muchas personas abran los ojos y vean que lo que está sucediendo a su alrededor debe ser reorientado y que cada ciudadano también con el voto castigue a aquellos gobernantes que no han trabajado por el interés general, sino por el interés de algunos», concluyó.

La Comunidad es una de las regiones que menos suelo urbaniza

LA VERDAD

La Comunidad Valenciana es una de las autonomías con menor suelo urbanizado por vivienda construida, según aseguró ayer el conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, quien afirmó que esto «pone de manifiesto el consumo de suelo racional y sostenible que se da en nuestro territorio».

González Pons señaló en un comunicado que en la Comunidad se desarrolla un «urbanismo equilibrado y de calidad, que tiene en cuenta el consumo de suelo como un recurso agotable que ha de utilizarse de manera racional y planificada».

La tasa de suelo urbanizado por vivienda construida en la Comunidad Valenciana es de 346 metros cuadrados, lo que sitúa a esta autonomía 22 puntos por encima de la media española (441 metros cuadrados), según datos del Ministerio de Vivienda y del Mapa de Usos del Suelo Corine Land Cover.Según el conseller, a partir de estos datos, la Comunidad Valenciana es, junto con País Vasco y La Rioja, la autonomía con menos suelo urbanizado por vivienda construida. Agregó que esta es «la consecuencia de optar, como ha hecho la Comunidad Valenciana, por un modelo compacto de consumo de suelo, el característico de la ciudad mediterránea tradicional».

El PSPV dice que en la Comunidad Valenciana 'se construye más y de forma más compacta' que en el resto de España

TERRA

El secretario de Medio Ambiente, Agua y Agricultura del PSPV-PSOE, Francesc Signes, acusó hoy al conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, de 'manipular' y 'sacar de contexto' un dato del estudio europeo sobre usos del suelo Corine Land Cover, del que, según el responsable socialista, se deduce que en la Comunitat Valenciana 'se construye más y de forma más compacta que en el resto de España'. En consecuencia, según Signes, 'no sólo hemos ocupado el doble de suelo que el resto de España --un 50 por ciento frente a un 25 por ciento en los últimos años--, sino que lo hemos hecho asfixiando el territorio'.

Signes se pronunció de esta manera, a través de un comunicado, en respuesta a las manifestaciones realizadas ayer por el conseller de Territorio y Vivienda en las que señaló que, según datos procedentes del Ministerio de Vivienda y del Mapa de Usos del Suelo Corine Land Cover, la tasa de suelo urbanizado por vivienda construida en la Comunitat 'es de 346 metros cuadrados, lo que la sitúa 22 puntos por encima de la media española', que se sitúa en 441 metros cuadrados'.

El secretario de Medio Ambiente del PSPV indicó que el dato del estudio que resalta el conseller, 'el relativo al de menor tasa de suelo urbanizado por vivienda construida, debe valorarse en el contexto de una excesiva producción de vivienda', a la vez que apuntó que González Pons 'comenzó anunciando una política de ladrillo verde para pasar a defender ahora el urbanismo más negro'.Asimismo, el responsable socialista advirtió al titular de Territorio y Vivienda que debería 'pedir perdón a los autores del estudio por los insultos que les dirigió al reconocer finalmente la validez del mismo en su conjunto'.

Signes destacó que el informe 'es la constatación de lo que sale en las fotos aéreas y eso no admite manipulación' y añadió que en esas instantáneas 'salen los resultados de la desastrosa política territorial del PP y es lógico que no les guste como salen retratados'.

El responsable socialista exigió que el conseller 'empiece a controlar los abusos urbanísticos' y que no actúe en el caso del hotel de l'Alfàs del Pi como lo hizo su antecesor en el cargo, Rafael Blasco, con el Atrium de la Vila Joiosa, 'llegando a acuerdos con los promotores para consolidar una construcción ilegal'.

Territorio destaca el ´urbanismo equilibrado y de calidad´ de la Comunidad

LEVANTE

El conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, afirmó hoy que la Comunitat Valenciana es una de las autonomías españolas con menor suelo urbanizado por vivienda construida, "lo que --a su juicio-- pone de manifiesto el consumo de suelo racional y sostenible que se da en nuestro territorio", al tiempo que destacó el "urbanismo equilibrado y de calidad" que se practica en la Comunitat, informaron fuentes del Consell.

En esta línea, insistió en que "en nuestra Comunidad se desarrolla un urbanismo equilibrado y de calidad, que tiene en cuenta el consumo de suelo como un recurso agotable que ha de utilizarse de manera racional y planificada. En materia urbanística lo primero es la calidad de vida de las personas", subrayó González Pons. Según destacó el titular de Territorio, "la tasa de suelo urbanizado por vivienda construida en nuestra Comunidad es de 346 metros cuadrados, lo que la sitúa 22 puntos por encima de la media española (441 metros cuadrados)", según datos procedentes del Ministerio de Vivienda y del Mapa de Usos del Suelo Corine Land Cover. A partir de estos datos, la Comunitat Valenciana es, junto con País Vasco y La Rioja, la autonomía con menos suelo urbanizado por vivienda construida, resaltó Esteban González Pons, quien añadió que esta "es la consecuencia de optar, como ha hecho la Comunitat Valenciana, por un modelo compacto de consumo de suelo, el característico de la ciudad mediterránea tradicional". La Comunitat Valenciana se encuentra por debajo, según los datos del Ministerio de la Vivienda y el Mapa de Usos del Suelo, de autonomías como Asturias (350 metros cuadrado de suelo urbanizado por vivienda construida); Madrid (357); Galicia (363); Navarra (370); Andalucía (380); Canarias (384); Extremadura (399); Cataluña (399); Castilla y León (422); Aragón (444); Cantabria (448); Murcia (482); Baleares (529) y Castilla-La Mancha (564). Por último, González Pons subrayó, a partir de estos datos, que el modelo de urbanismo compacto "que se desarrolla en nuestra Comunidad consume muchos menos recursos escasos, como agua, suelo o energía que el modelo urbanístico disperso, característico del mundo anglosajón", concluyó.

Los informes de los ecologistas contra la política urbanística valenciana acusan a los pueblos del interior de dañar la costa

ABC

La organización ecologista Greenpeace presentó el pasado 4 de julio el informe «Destrucción a toda costa», un documento de carácter anual y desglosado por comunidades autónomas, que pretende hacer un diagnóstico «exhaustivo» del litoral español. En él, la Comunidad Valenciana no sale muy bien parada: se acusa al gobierno del popular Camps de «practicar una política donde los máximos beneficiarios son el cemento y el hormigón». Pero en realidad la mayor parte del informe está basado en imprecisiones que desacreditan en gran medida su contenido.

Una de las cuestiones que reflejan más gráficamente estas inexactitudes es que la organización ecologista incluye como «puntos negros del litoral» a poblaciones del interior de la Comunidad. Benaguacil (a 30 kilómetros de la costa), Manises (a 12 km.), Ribarroja (a 24 km.), Betxí (a 14 km.) o Elda (a 40km). Estas localidades son consideradas por Greenpeace como lugares donde se han registrado actuaciones perjudiciales en la costa. El caso más llamativo es el de Fontanars dels Alforins, a 11 kilómetros de la provincia de Albacete y prácticamente está enclavada en la meseta.

Proyectos urbanísticos

De los proyectos urbanísticos que están siendo investigados por la fiscalía anticorrupción, la organización ecologista incluye los que han sido anulados por la Administración autonómica y otros en los que existen denuncias ante la fiscalía que podrán o no materializarse finalmente.
Al final, de toda la lista, sólo hay dos casos que se han remitido al Ministerio Fiscal. En este sentido, desde la Consejería de Territorio se apunta que el número de delitos urbanísticos investigados en la Comunidad supone únicamente la décima parte que la media del conjunto de España.

Otro punto en el que Greenpeace se mostró especialmente crítica fue en el de la masiva construcción de campos de golf en tierras valencianas. Según el informe, 48 campos de este deporte se construirán durante los próximos años, lo que se aprovechará como «excusa» para urbanizar.

Desde Territorio refutan enérgicamente estos datos y destaca que durante toda la legislatura se han aprobado 17 campos, se han denegado 9 y en otros 11 casos se ha obligado la revisión del Plan General. A pesar de ello, si se contabilizaran tanto los aprobados como los rechazados, la Comunidad estaría muy por debajo en número de campos de golf de otras regiones como Cataluña o Andalucía.

El documento acusa al consejero de Territorio de «ubicar campos de golf en cualquier campo, incluso el protegido», unas afirmaciones que cuanto menos han despertado la extrañeza en la Conselleria ya que, según sostienen, la nueva ley de golf «rompe el binomio urbanización-campo de golf e impone unas severas condiciones ambientales tanto en su implantación como en su gestión». Respecto al número de viviendas y reclasificaciones, de los 42 proyectos calificados por Greenpeace como ejemplos de insostenibilidad en el litoral, 26 de ellos (el 62 por ciento) se hallan en el interior de la Comunidad y 13 no han sido aprobados por la Comisión Territorial de Urbanismo y son únicamente iniciativas que están en fase de desarrollo inicial.

Otro caballo de batalla de la organización «verde» es la supuesta invasión de zonas húmedas y de otros espacios naturales por la urbanización. El informa denuncia 16 actuaciones: 7 de ellas se producen en zonas de interior y el resto, según apuntan desde Territorio, son «falsas», ya que «al menos desde 1995, no se ha tocado un solo metro cuadrado de espacio natural protegido».
«Greenpeace confunde, no sabemos si intencionadamente, perímetros de protección de Parques con Parques, LIC´s con suelos no urbanizables protegidos, proximidad con pertenencia o cuencas de afección de zonas húmedas con las propias zonas húmedas», afirman las mismas fuentes.

Trato desigual

Y es que las conclusiones del informe no han sido del agrado de la Consejería de Territorio. Sobre todo cuando se compara el trato que recibe la Comunidad con el que reciben otras como Cataluña (región con el mayor porcentaje de costa urbanizada, 699 kilómetros, un 39 por ciento del total).

«Como todos los años, Cataluña, con menos litoral protegido, es presentada como el paradigma de las actuaciones correctas en el litoral, aunque estas incluyan desapariciones de ecosistemas enteros», señalaron.