El CES sitúa el urbanismo como motor económico y alerta de la crisis industrial

TERRA

El Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana (órgano consultivo y asesor de la Generalitat valenciana en asuntos económicos y sociales) sitúa al urbanismo como motor económico por ser el 'más dinámico'. En el lado opuesto de la balanza, alerta de la crisis 'importante' de la industria tradicional alicantina, ejemplarizada en calzado, textil y juguete. El CES denuncia lo que el Gobierno valenciano, al que asesora, no quiere admitir: la fuerte recesión que experimenta el sector industrial en las comarcas alicantinas.

El último informe del CES recoge en el capítulo segundo sobre Rasgos generales de la economía valenciana la mala coyuntura por la que atraviesa la industria y el firme tirón que mantiene el sector del ladrillo y el hormigón. El hilo argumental de la última memoria sigue idéntico guión que el de los partidos de la oposición, los sindicatos de clase e incluso algunas voces empresariales (no la oficial de Coepa).

De manera textual, el informe del Comité Económico habla de 'retrocesos importantes' cuando aborda la espectacular caída de la inversión industrial, un asunto sobre el que este diario ya se ha hecho eco en los últimos meses. Durante el último ejercicio económico y según los datos de la Conselleria de Empresa que cita el CES, 'se ha producido una importante caída inversora en la provincia de Alicante', en la que se concentra la industria tradicional y manufacturera. En cambio, el estudio se refiere a una recuperación del sector del azulejo en la provincia de Castellón, que ha frenado su caída de los últimos años.

Los expertos económicos alertan, además, de que la caída inversora en la industria tradicional alicantina registra las cifras más bajas de la serie histórica (sólo 6,6 y 2,2 millones de euros en el caso del calzado y del textil, respectivamente). Además, otros importantes sectores, algunos complementarios de los anteriores, como caucho-plástico, madera, fabricación de productos metálicos y mueble, han visto disminuir su importe inversor en relación al año anterior. La inversión en industrias que fabrican materiales de construcción crece de forma notable, en sintonía con el crecimiento vigoroso y sostenido del sector urbanizador y edificador de la provincia, arrastrado por el tirón permanente de la segunda residencia o vivienda turística.

En términos globales, el informe destaca 'el importante descenso interanual acumulado en la provincia de Alicante, cercano al 62 por ciento, frente al notable avance en Castellón, del 44,3 por ciento, y más moderado en Valencia, del 3,8 por ciento'. El CES incide en la caída de las ventas exteriores y en el aumento del 5 por ciento en el número de parados en el sector industrial en el conjunto de la Comunidad.

El otro lado de la balanza revela lo que voces sindicales y de la oposición política critican desde hace muchos meses: la economía se mantiene por el sector de la construcción. El CES afirma textualmente que 'el sector de la construcción se ha mostrado, de nuevo, como el más dinámico de la actividad económica valenciana en el año 2005'.

Conde-Pumpido no investigará los delitos urbanísticos que le envió el fiscal valenciano

LAS PROVINCIAS

Los informes irán a una base de datos interna para controlar la carga de trabajo de las fiscalías
La Fiscalía General del Estado no investigará los expedientes sobre posibles delitos urbanísticos cometidos en la Comunitat. El fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, solicitó a la Fiscalía del TSJ valenciano documentación sobre irregularidades en el mes de abril, pero esta sólo formará parte de una base de datos interna.

La Fiscalía General del Estado no abrirá ninguna investigación sobre los supuestos delitos urbanísticos cometidos en la Comunitat y que le fueron remitidos el pasado mes de abril por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia valenciano.

El envío de la documentación partió de una solicitud realizada por el propio fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que basó su petición en el escándalo urbanístico que acababa de descubrirse en Marbella. Conde-Pumpido solicitó información sobre posibles irregularidades –no sólo de urbanismo, sino también medioambientales– a las distintas Fiscalías del país. La respuesta del Ministerio público valenciano fue inmediata y en pocos días Conde-Pumpido ya tenía sobre su mesa 12 expedientes relacionados con la Comunitat –cuatro de ellos sobre la provincia de Valencia y otros ocho sobre la provincia de Alicante–. La remisión de los informes por parte del fiscal jefe valenciano, Ricard Cabedo, provocó las críticas del Consell de Francisco Camps por varias razones. Primero, porque el envío de la documentación a Madrid se realizó tan sólo 24 horas después de que el jefe del Gobierno valenciano acusara al PSOE de impulsar denuncias sobre el urbanismo valenciano con el único objetivo de justificar la derogación del trasvase del Ebro. La premura en recopilar los documentos llamó también la atención del Consell, cuyas relaciones con Cabedo eran, y siguen siendo, cuanto menos, tensas.

El contenido de los informes nunca llegó a trascender y tan sólo se supo que podrían afectar a funcionarios o a administraciones públicas y que algunos ya estaban en el juzgado, mientras que otros permanecían en la propia Fiscalía. En el caso de la provincia de Alicante se dejó ver algo más: dos de los expedientes afectaban a las localidades de Orihuela y Torrevieja, ambas gobernadas por el PP. Los alcaldes de estos dos municipios, José Manuel Medina y Pedro Ángel Hernández Mateo –respectivamente–, acumulan distintas causas por supuesta corrupción, tráfico de influencias y prevaricación.

El fiscal delegado

¿Y que hay de la investigación que se esperaba? Nada, porque no se llevará a cabo. La documentación, según confirmaron fuentes de la Fiscalía General del Estado, sólo formará parte de una base de datos interna con la que se pretende controlar el volumen de trabajo que acumulan las diferentes fiscalías. Esta información servirá de manual para el fiscal coordinador de Medio Ambiente, plaza creada hace unos meses para luchar contra las actuaciones urbanísticas irregulares y que ocupa el valenciano Antonio Vercher. El interés por supervisar el volumen de trabajo de los ministerios públicos está también relacionado con la necesidad de que algunas cuenten con fiscales delegados como apoyo. Así ha sido en el caso de Valencia, donde esta plaza ya ha sido aprobada por el Gobierno. El fiscal delegado centrará su cometido en la prevención y represión de los delitos económicos que estén relacionados con cualquier tipo de corrupción.

El PSPV alerta de que se hacen «reclamos urbanísticos» en parques naturales

LA VERDAD

El secretario de Medio Ambiente, Agua y Agricultura del PSPV-PSOE, Francesc Signes, aseguró ayer que el PP «convierte los espacios protegidos en reclamos urbanísticos, ya que cada vez que protege una superficie es porque va a urbanizar otra igual».

Francesc Signes se refirió así en un comunicado al anuncio realizado por el conseller de Territorio y Vivienda, González Pons, de iniciar los trámites para la declaración del parque natural del río Turia.

Para el responsable socialista, «es positivo que se proteja el único enclave boscoso que ha sobrevivido a la voracidad urbanística en el área metropolitana de Valencia». No obstante, lamentó que la «quiebra económica de la Generalitat obligue a que sólo se pueda adquirir la propiedad de estos terrenos mediante la compensación de suelo protegido por suelo reclasificado, con lo cual el PP protege una zona a cambio de terrenos del mismo tamaño en otra donde los propietarios sí puedan urbanizar».

En este sentido, consideró que el mecanismo de compensación previsto en la LUV «propicia que cada metro reclasificado a urbanizable lleve aparejada la compra de otro metro de suelo protegido. Con ello, el PP convierte los espacios protegidos en reclamos urbanísticos».

Según el secretario de Medio Ambiente del PSPV-PSOE, «esta situación quedó de manifiesto el pasado viernes cuando González Pons comenzó a solicitar donaciones de suelo en la zona de La Vallesa porque la Generalitat no puede comprarlo pero sí cambiarlos por terrenos en otros lugares».