El PSPV acusa al PP de convertir los espacios naturales en reclamos urbanísticos

PANORAMA ACTUAL

SIGNES DICE QUE LA "QUIEBRA" DE LA GENERALITAT CRITICA LA FORMA DE ADQUISICIÓN DE SUELO PARA EL FUTURO PARQUE DEL TURIA

El secretario de Medio Ambiente, Agua y Agricultura del PSPV, Francesc Signes, valoró en un comunicado la decisión del Consell de proteger el entorno del río Turia con la declaración de Parque Natural del Turia, si bien lamentó que la "quiebra" de la Generalitat "obligue a que sólo se pueda adquirir la propiedad de estos terrenos mediante la compensación de suelo protegido por suelo reclasificado", con lo que, en su opinión, "el PP valenciano convierte los espacios protegidos en reclamos urbanísticos".

Signes se refirió de este modo a la declaración como Parque Natural del entorno del río Túria, y dijo que "es positivo que se proteja el único enclave boscoso que ha sobrevivido a la voracidad urbanística en el área metropolitana de Valencia", aunque lamentó que la "quiebra económica de la Generalitat obligue a que sólo se pueda adquirir la propiedad de estos terrenos mediante la compensación de suelo protegido por suelo reclasificado". Con lo cual, subrayó, "el PPCV protege una zona a cambio de terrenos del mismo tamaño en otra donde los propietarios sí puedan urbanizar".

En este sentido, Signes considera que el mecanismo de compensación previsto en la Ley Urbanística Valenciana (LUV) "propicia que cada metro reclasificado a urbanizable lleve aparejada la compra de otro metro de suelo protegido", con lo que, afirmó, el PPCV "convierte los espacios protegidos en reclamos urbanísticos".

Según el responsable socialista, "esta situación quedó de manifiesto el pasado viernes cuando el conseller de Teritorio, Esteban González Pons comenzó a solicitar donaciones de suelo" en la zona del bosque de La Vallesa, en Paterna, "porque la Generalitat no puede comprarlos, pero sí cambiarlos por terrenos en otros lugares".

En este sentido, comentó que la Generalitat "debe hacer un esfuerzo económico para adquirir la propiedad de estos terrenos y ponerlos a disposición de todos los valencianos". Asimismo, reclamó "la protección efectiva de los espacios naturales de la Comunitat Valenciana". Sobre todo, indicó, "porque el PPCV se limita a declarar nuevos espacios protegidos y luego se olvida de ellos". En este sentido, Signes afirmó que la declaración de protección "no es un fin en sí mismo sino un compromiso que es necesario cumplir con medidas efectivas que garanticen la preservación de estos espacios" y, al respecto, exigió al PPCV "que, si realmente quiere proteger el entorno del Túria, apruebe de inmediato un plan de protección de incendios para La Vallesa".

Finalmente, el secretario de Medio Ambiente del PSPV se refirió a "la desidia" de la Generalitat para con los parques naturales de la Comunitat. En este sentido, Signes señaló que, "por un lado, el PPCV se dedica a declarar nuevos parques naturales aunque, por otro, reduzcan la inversión en los mismos". Así, citó como ejemplo que, "sólo en este año han reducido a la mitad los presupuestos para el mantenimiento de los parques naturales, que ha pasado de 4.189.000 euros en 2005 a 2.654.000 en 2006", aseguró.

Interior pide a la Guardia Civil las infracciones urbanísticas en la Comunitat de los últimos tres años

TERRA

El Ministerio del Interior ha ordenado a la Guardia Civil que haga un informe sobre las infracciones urbanísticas que se han denunciado en la Comunitat Valenciana en los tres últimos años. Los agentes han recopilado las actuaciones ilegales más comunes como edificar en suelo protegido, no disponer de licencia o exceder el volumen de lo autorizado.

Intensificar la vigilancia de la Benemérita sobre las infracciones urbanísticas en suelo valenciano. Este parece ser el propósito de la Dirección General de la Guardia Civil al solicitar información de todos las actuaciones denunciadas por los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en los últimos tres años.

El máximo responsable de este grupo en la Guardia Civil ha remitido a todas las unidades una circular en la que se solicita 'conocer el tipo de infracciones, tanto penales como administrativas, que más se detectan en materia de obras, construcciones y/o edificaciones ilegales'.

Además, en el documento también se exige que se anoten 'los detalles significativos de los servicios más relevantes' que se han completado en el citado periodo. Entre las infracciones más habituales que pretende controlar el Gobierno, destacan las edificaciones en suelo no urbanizable especialmente protegido, carecer de licencia, realizar obras que excedan el volumen autorizado y construir en zonas de servidumbre de aguas continentales o costas.

Los hechos más frecuentes

El mismo departamento también quiere conocer en qué se concentran las actuaciones de la Guardia Civil en este ámbito. Por ello piden 'una descripción' de los hechos que originan el 'mayor número de actuaciones de esta índole'. Respecto a los servicios más importantes, solicitan 'un relato detallado' o incluso el parte de novedades.

La Dirección General de la Guardia Civil solicitó la documentación el pasado 25 de julio y establecía de plazo hasta el 28 de ese mismo mes para recibir las contestaciones de todas las unidades. Si se han cumplido los plazos, todos los informes de la Comunitat y de otras autonomías deben estar ya en Madrid. Para la Asociación Independiente de la Guardia Civil (Asigc), la petición de este informe responde a la intención de la Dirección General 'de conocer realmente si existe mucha actividad de los agentes en este campo, tanto de denuncias administrativas como penales'.

En los últimos meses, el urbanismo ha sido uno de los motivos principales por los que se han enfrentado el Gobierno central y el Consell. Dos polémicos reportajes en TVE y un informe del Ministerio de Medio Ambiente sobre las construcciones ilegales desataron la polémica, que también se extendió por varios países europeos.

Desde entonces, la Generalitat ha acusado en repetidas ocasiones a la ministra Cristina Narbona de, precisamente por sus declaraciones sobre el modelo urbanístico, restar turistas a la Comunitat. En el primer semestre, los turistas europeos descendieron un 2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Narbona dice que el Gobierno «no tiene obligación de dar agua» aunque se la pidan

ABC

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, manifestó ayer en Alicante que «si hemos advertido que no hay agua disponible, no tenemos ninguna obligación de darla cuando nos la pidan».

Narbona añadió que le «gustaría» que los informes ministeriales fueran «vinculantes» a la hora de que el Consell autorizara la urbanización de determinadas zonas, pero, según explicó, los gobiernos autonómicos «son los responsables de decir si se hace o no se hace una urbanización».
La ministra respondió así a una pregunta de una joven que mostró su «preocupación» por el crecimiento urbanístico en la Comunidad Valenciana y la falta de agua, durante su intervención en la conferencia «Una alianza por un futuro sostenible: los objetivos de desarrollo de la Declaración del Milenio», dentro del Foro Joven Internacional que se celebra en la Universidad de Alicante.

La ministra reiteró que las competencias en urbanismo corresponden a los gobiernos regionales: «Ya quisiera yo que pudieran ser vinculantes pero la competencia, la responsabilidad en materia de urbanismo es sólo del Gobierno autónomo».

«Aquí, en Valencia, hay una ley que ni siquiera están cumpliendo», resaltó. Según Narbona, esta ley que «están incumpliendo» en la Comunidad valenciana «indicaría precisamente lo vinculante de esos informes, pero ellos son los responsables de decir si se hace o no se hace una urbanización».

La ministra es partidaria de «seguir incrementando el control público sobre nuestras propias aguas subterráneas porque lo que ha pasado en este país es que ha habido una política del agua que concentraba todo el esfuerzo en hacer grandes embalses olvidando las aguas subterráneas y sin suficiente capacidad para controlarlas».

Delitos ecológicos y urbanísticos

Cristina Narbona destacó que desde «hace pocos meses existe en España un fiscal especial para el Urbanismo y el Medio Ambiente, Antonio Vercher, un valenciano de extraordinario prestigio que tiene el cometido de frenar en nuestro país los delitos ecológicos y los delitos urbanísticos».
Asimismo, la ministra de Medio Ambiente subrayó que «ya ha caído la inversión extranjera en inmuebles en nuestro país», lo cual «es síntoma de que hemos construido más de la cuenta».

«Espero que haga que muchas personas abran los ojos y vean que lo que está sucediendo a su alrededor debe ser reorientado y que cada ciudadano también con el voto castigue a aquellos gobernantes que no han trabajado por el interés general, sino por el interés de algunos», concluyó.

La Comunidad es una de las regiones que menos suelo urbaniza

LA VERDAD

La Comunidad Valenciana es una de las autonomías con menor suelo urbanizado por vivienda construida, según aseguró ayer el conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, quien afirmó que esto «pone de manifiesto el consumo de suelo racional y sostenible que se da en nuestro territorio».

González Pons señaló en un comunicado que en la Comunidad se desarrolla un «urbanismo equilibrado y de calidad, que tiene en cuenta el consumo de suelo como un recurso agotable que ha de utilizarse de manera racional y planificada».

La tasa de suelo urbanizado por vivienda construida en la Comunidad Valenciana es de 346 metros cuadrados, lo que sitúa a esta autonomía 22 puntos por encima de la media española (441 metros cuadrados), según datos del Ministerio de Vivienda y del Mapa de Usos del Suelo Corine Land Cover.Según el conseller, a partir de estos datos, la Comunidad Valenciana es, junto con País Vasco y La Rioja, la autonomía con menos suelo urbanizado por vivienda construida. Agregó que esta es «la consecuencia de optar, como ha hecho la Comunidad Valenciana, por un modelo compacto de consumo de suelo, el característico de la ciudad mediterránea tradicional».

El PSPV dice que en la Comunidad Valenciana 'se construye más y de forma más compacta' que en el resto de España

TERRA

El secretario de Medio Ambiente, Agua y Agricultura del PSPV-PSOE, Francesc Signes, acusó hoy al conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, de 'manipular' y 'sacar de contexto' un dato del estudio europeo sobre usos del suelo Corine Land Cover, del que, según el responsable socialista, se deduce que en la Comunitat Valenciana 'se construye más y de forma más compacta que en el resto de España'. En consecuencia, según Signes, 'no sólo hemos ocupado el doble de suelo que el resto de España --un 50 por ciento frente a un 25 por ciento en los últimos años--, sino que lo hemos hecho asfixiando el territorio'.

Signes se pronunció de esta manera, a través de un comunicado, en respuesta a las manifestaciones realizadas ayer por el conseller de Territorio y Vivienda en las que señaló que, según datos procedentes del Ministerio de Vivienda y del Mapa de Usos del Suelo Corine Land Cover, la tasa de suelo urbanizado por vivienda construida en la Comunitat 'es de 346 metros cuadrados, lo que la sitúa 22 puntos por encima de la media española', que se sitúa en 441 metros cuadrados'.

El secretario de Medio Ambiente del PSPV indicó que el dato del estudio que resalta el conseller, 'el relativo al de menor tasa de suelo urbanizado por vivienda construida, debe valorarse en el contexto de una excesiva producción de vivienda', a la vez que apuntó que González Pons 'comenzó anunciando una política de ladrillo verde para pasar a defender ahora el urbanismo más negro'.Asimismo, el responsable socialista advirtió al titular de Territorio y Vivienda que debería 'pedir perdón a los autores del estudio por los insultos que les dirigió al reconocer finalmente la validez del mismo en su conjunto'.

Signes destacó que el informe 'es la constatación de lo que sale en las fotos aéreas y eso no admite manipulación' y añadió que en esas instantáneas 'salen los resultados de la desastrosa política territorial del PP y es lógico que no les guste como salen retratados'.

El responsable socialista exigió que el conseller 'empiece a controlar los abusos urbanísticos' y que no actúe en el caso del hotel de l'Alfàs del Pi como lo hizo su antecesor en el cargo, Rafael Blasco, con el Atrium de la Vila Joiosa, 'llegando a acuerdos con los promotores para consolidar una construcción ilegal'.

Territorio destaca el ´urbanismo equilibrado y de calidad´ de la Comunidad

LEVANTE

El conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, afirmó hoy que la Comunitat Valenciana es una de las autonomías españolas con menor suelo urbanizado por vivienda construida, "lo que --a su juicio-- pone de manifiesto el consumo de suelo racional y sostenible que se da en nuestro territorio", al tiempo que destacó el "urbanismo equilibrado y de calidad" que se practica en la Comunitat, informaron fuentes del Consell.

En esta línea, insistió en que "en nuestra Comunidad se desarrolla un urbanismo equilibrado y de calidad, que tiene en cuenta el consumo de suelo como un recurso agotable que ha de utilizarse de manera racional y planificada. En materia urbanística lo primero es la calidad de vida de las personas", subrayó González Pons. Según destacó el titular de Territorio, "la tasa de suelo urbanizado por vivienda construida en nuestra Comunidad es de 346 metros cuadrados, lo que la sitúa 22 puntos por encima de la media española (441 metros cuadrados)", según datos procedentes del Ministerio de Vivienda y del Mapa de Usos del Suelo Corine Land Cover. A partir de estos datos, la Comunitat Valenciana es, junto con País Vasco y La Rioja, la autonomía con menos suelo urbanizado por vivienda construida, resaltó Esteban González Pons, quien añadió que esta "es la consecuencia de optar, como ha hecho la Comunitat Valenciana, por un modelo compacto de consumo de suelo, el característico de la ciudad mediterránea tradicional". La Comunitat Valenciana se encuentra por debajo, según los datos del Ministerio de la Vivienda y el Mapa de Usos del Suelo, de autonomías como Asturias (350 metros cuadrado de suelo urbanizado por vivienda construida); Madrid (357); Galicia (363); Navarra (370); Andalucía (380); Canarias (384); Extremadura (399); Cataluña (399); Castilla y León (422); Aragón (444); Cantabria (448); Murcia (482); Baleares (529) y Castilla-La Mancha (564). Por último, González Pons subrayó, a partir de estos datos, que el modelo de urbanismo compacto "que se desarrolla en nuestra Comunidad consume muchos menos recursos escasos, como agua, suelo o energía que el modelo urbanístico disperso, característico del mundo anglosajón", concluyó.

Los informes de los ecologistas contra la política urbanística valenciana acusan a los pueblos del interior de dañar la costa

ABC

La organización ecologista Greenpeace presentó el pasado 4 de julio el informe «Destrucción a toda costa», un documento de carácter anual y desglosado por comunidades autónomas, que pretende hacer un diagnóstico «exhaustivo» del litoral español. En él, la Comunidad Valenciana no sale muy bien parada: se acusa al gobierno del popular Camps de «practicar una política donde los máximos beneficiarios son el cemento y el hormigón». Pero en realidad la mayor parte del informe está basado en imprecisiones que desacreditan en gran medida su contenido.

Una de las cuestiones que reflejan más gráficamente estas inexactitudes es que la organización ecologista incluye como «puntos negros del litoral» a poblaciones del interior de la Comunidad. Benaguacil (a 30 kilómetros de la costa), Manises (a 12 km.), Ribarroja (a 24 km.), Betxí (a 14 km.) o Elda (a 40km). Estas localidades son consideradas por Greenpeace como lugares donde se han registrado actuaciones perjudiciales en la costa. El caso más llamativo es el de Fontanars dels Alforins, a 11 kilómetros de la provincia de Albacete y prácticamente está enclavada en la meseta.

Proyectos urbanísticos

De los proyectos urbanísticos que están siendo investigados por la fiscalía anticorrupción, la organización ecologista incluye los que han sido anulados por la Administración autonómica y otros en los que existen denuncias ante la fiscalía que podrán o no materializarse finalmente.
Al final, de toda la lista, sólo hay dos casos que se han remitido al Ministerio Fiscal. En este sentido, desde la Consejería de Territorio se apunta que el número de delitos urbanísticos investigados en la Comunidad supone únicamente la décima parte que la media del conjunto de España.

Otro punto en el que Greenpeace se mostró especialmente crítica fue en el de la masiva construcción de campos de golf en tierras valencianas. Según el informe, 48 campos de este deporte se construirán durante los próximos años, lo que se aprovechará como «excusa» para urbanizar.

Desde Territorio refutan enérgicamente estos datos y destaca que durante toda la legislatura se han aprobado 17 campos, se han denegado 9 y en otros 11 casos se ha obligado la revisión del Plan General. A pesar de ello, si se contabilizaran tanto los aprobados como los rechazados, la Comunidad estaría muy por debajo en número de campos de golf de otras regiones como Cataluña o Andalucía.

El documento acusa al consejero de Territorio de «ubicar campos de golf en cualquier campo, incluso el protegido», unas afirmaciones que cuanto menos han despertado la extrañeza en la Conselleria ya que, según sostienen, la nueva ley de golf «rompe el binomio urbanización-campo de golf e impone unas severas condiciones ambientales tanto en su implantación como en su gestión». Respecto al número de viviendas y reclasificaciones, de los 42 proyectos calificados por Greenpeace como ejemplos de insostenibilidad en el litoral, 26 de ellos (el 62 por ciento) se hallan en el interior de la Comunidad y 13 no han sido aprobados por la Comisión Territorial de Urbanismo y son únicamente iniciativas que están en fase de desarrollo inicial.

Otro caballo de batalla de la organización «verde» es la supuesta invasión de zonas húmedas y de otros espacios naturales por la urbanización. El informa denuncia 16 actuaciones: 7 de ellas se producen en zonas de interior y el resto, según apuntan desde Territorio, son «falsas», ya que «al menos desde 1995, no se ha tocado un solo metro cuadrado de espacio natural protegido».
«Greenpeace confunde, no sabemos si intencionadamente, perímetros de protección de Parques con Parques, LIC´s con suelos no urbanizables protegidos, proximidad con pertenencia o cuencas de afección de zonas húmedas con las propias zonas húmedas», afirman las mismas fuentes.

Trato desigual

Y es que las conclusiones del informe no han sido del agrado de la Consejería de Territorio. Sobre todo cuando se compara el trato que recibe la Comunidad con el que reciben otras como Cataluña (región con el mayor porcentaje de costa urbanizada, 699 kilómetros, un 39 por ciento del total).

«Como todos los años, Cataluña, con menos litoral protegido, es presentada como el paradigma de las actuaciones correctas en el litoral, aunque estas incluyan desapariciones de ecosistemas enteros», señalaron.

Técnicos y expertos aseguran que la LUV es "innecesaria y muy conflictiva"

MEDITERRÁNEO

"No se ha tenido en cuenta el funcionamiento de la Administración local y será difícil de aplicar", critican. La Conselleria reconoce que los textos de la norma "no han contado con una maduración suficiente".

Los técnicos en urbanismo, así como los expertos en legislación coincidieron ayer al hacer una valoración negativa de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y el reglamento que la desarrolla. "Alargará de manera irremediable los procedimientos urbanísticos, es innecesaria y será muy conflictiva", destacó el técnico Joaquín Llidó, quien añadió que "se ha hecho por gente que no sabe qué es un Ayuntamiento y pensando en acallar las protestas de los dueños de suelo".
Desde Gómez--Acebo&Pombo Asociados, José Manuel Palau, añadió por su parte que, con la nueva legislación, "tramitar un Plan de Desarrollo y Actuación Integrada (PDAI) será difícil", y añadió que "no solucionará los problemas del día a día al no tener en cuenta el funcionamiento de la Administración local". "Será un procedimiento complicado de mantener por los consistorios", afirmó.

Estas valoraciones fueron formuladas en el marco de la primera de las dos jornadas sobre El reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunitat Valenciana organizadas por el Ayuntamiento de Castellón con la colaboración de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón. Un curso que sirvió para que los propios promotores evidenciaran ante los técnicos de la Conselleria de Territorio y Vivienda algunas de las imprecisiones que, en su opinión, ofrece la Ley.

EN POSITIVO

En este sentido, el jefe de área de Urbanismo y Ordenación territorial de la Conselleria de Territorio y Vivienda, Vicente Collado, reconoció que "los textos no han tenido una maduración suficiente". Pese a ello, remarcó que "el cambio es positivo". El jefe del servicio de coordinación territorial, Hermenegildo Forquet, también señaló que la norma "responde a exigencias de la UE y, aunque dilate el proceso, asegura su pulcritud y defiende al propietario".

Por otra parte, Palau también criticó los plazos de aprobación establecidos por el reglamento. "Es materialmente imposible que en un Ayuntamiento se tramite un PAI como se pretende". Y añadió que "la opción que les quedará a los consistorios es aprobarlos o denegarlos fuera de plazo y, aunque haya recursos, será mejor que si no se pueden revisar correctamente".

Expertos denuncian que la LUV complica la construcción

LEVANTE

Apecc promueve un debate sobre la nueva legislación

Técnicos y empresarios del sector de la construcción coincidieron ayer a la hora de calificar a la Ley Urbanística Valenciana como una herramienta «compleja» que puede «retrasar» la puesta en marcha de todo tipo de proyectos inmobiliarios.

Esta idea fue la predominante a lo largo de la jornada El reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística de la Comunitat Valenciana, que estuvo organizada por la asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castelló (Apecc) y que se celebra en el recién inaugurado Centro Cultura La Marina, del Grau.

Precisamente, Joaquín Llidó, técnico del departamento de Urbanismo de la empresa Lubasa, aseguró que la LUV es una norma que «introduce complejidad, ya que exige una mayor y más difícil actuación municipal», y esta situación puede traducirse en retraso en la puesta marcha de cualquier iniciativa «ya que las exigencias son las mismas tanto para un Ayuntamiento como el de Castelló, como para otro con menos de 1.000 vecinos», matizó Llidó.

En este sentido, el técnico de Lubasa anunció que la LUV afectará a todos aquellos proyectos urbanísticos que, pese a haber sido aprobados con anterioridad, necesitarán algún tipo de gestión oficial para su conclusión, aunque no supo cifrar el incremento de gastos que esto supondrá. Sobre este aspecto, el presidente de Apecc, Rafael Doménech, aseguró durante la inauguración de la jornada, que la nueva legislación «dificulta la comercialización de cualquier producto inmobiliario».

Doménech, también pidió que se agilice la adjudicación de los PAI y que no se paralice la actividad del sector constructor por la entrada en vigor de la Ley Urbanística Valenciana.

Por su parte, el arquitecto Carlos Aubán destacó que gracias a la LUV el PAI se ha consolidado como un instrumento clave de la gestión, al tiempo que se consigue una mayor definición de las obras y su coste, una mayor transparencia de las condiciones económicas, una mayor información de los efectos del proyecto para los propietarios y un mayor rigor de las propuestas.

Además, en la jornada de ayer también se contó, entre otros, con la participación del jefe del Servicio de Coordinación Territorial de la Generalitat Valenciana, quien habló sobre las novedades más importantes que ha introducido la LUV con respecto a la legislación anterior urbanística.

Las jornadas de Apecc finalizarán esta tarde, sobre las 18 horas, después de que se expongan cuatro conferencias. El encargado de cerrar el evento será el conseller de Territorio y Vivienda, González Pons.

Los constructores detectan un freno en la tramitación de PAI

Los empresarios temen que el nuevo ´urbanismo verde´ pare los programas. La proximidad de las elecciones incide negativametne en muchas actuaciones.

Los recientes cambios en la legislación urbanística y la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas en el 2007 han frenado la tramitación de PAI, después de la avalancha de programas presentados a finales del 2005. Los constructores temen que este "freno" ahuyente a los inversores que se han interesado por la provincia de Castellón, según aseguraron desde diversas firmas de la construcción.

Aunque, como publicó Mediterráneo, la patronal provincial del sector se mostró satisfecha con la celeridad con la que se ha tramitado el reglamento de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), ahora las empresas constatan cierta paralización administrativa. Así, fuentes de la promoción urbanística mostraron su preocupación por la posibilidad de que "el urbanismo verde", propugnado por el nuevo conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, "se limite a que no se haga nada", como aseguran que viene ocurriendo desde hace ya algunos meses.
Por otro lado, tal como manifiestan urbanistas como Vicente García, "siempre que ha entrado en vigor una nueva normativa urbanística se produce cierta ralentización. Nadie quiere ser el primero en probar la ley".

DIFICULTAD

La complejidad de la nueva LUV y, especialmente, la del reglamento que desarrolla las tres normas urbanísticas --la LUV, la Ley del Suelo No Urbanizable y la de Ordenación del Territorio (LOT)-- ha condicionado diversos proyectos de PAI.

Desde la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción se ha organizado para los próximos días un curso sobre el reglamento, que abordará aspectos como la cesión del metro por metro y la reserva litoral.