El PSOE afirma que la situación urbanística en la Comunidad es "preocupante"
PANORAMA ACTUAL
La secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del PSOE, Soraya Rodríguez, aseguró este viernes que la situación urbanística en la Comunidad Valenciana es "mucho más preocupante" que en el resto de España, ya que su modelo "cuestiona la calidad de vida e hipoteca el futuro de los valencianos".
Rodríguez criticó, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, y por el secretario de Medio Ambiente, Agua y Agricultura del PSPV, Francesc Signes, que el modelo que se creó a partir de la ley estatal de 1998 generó un "método perverso que permite todo tipo de prácticas especulativas" que incrementa el precio de la vivienda, lamentó la dirigente del PSOE.
Al respecto, concretó que en la Comunidad Valenciana se construye una media anual de 110.000 viviendas (en España la cifra asciende a 750.000 cada año), mientras que sólo se crean 35.000 hogares nuevos, por lo que gran parte de ellas están destinadas a segundas residencias, explicó.
Esta situación, añadió, "no tiene parámetros de racionalidad y, además, genera problemas medioambientales que en el futuro afectará al desarrollo económico, porque es un cuello de botella que asfixia a cualquier economía".
Este punto, justificó Rodríguez, se sustenta en que el 26 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) valenciano en los últimos seis años corresponde a actuaciones urbanísticas, mientras que sólo un 2 por ciento al sector industrial, puntualizó.
Cambio de rumbo
Por ello, considera que las leyes que está promoviendo el Gobierno central (nueva ley del suelo y modificación de la Ley del Agua) generarán un "cambio de rumbo ante la ausencia de políticas de ordenación del territorio coherentes".
Por último, la responsable de Medio Ambiente del PSOE apostilló que "parece mentira que cuando dirigentes del PP hablan de urbanismo se olvidan de la Constitución, callan y miran hacia otro lado, ante escándalos de especulación" a pesar de los "discursos verdaderamente dramáticos como los de la pérdida del Estado de Derecho", en referencia, dijo, "a alguno que ha sido presidente de esta Comunidad".
Por su parte, Moragues señaló que en los tres últimos años han entrado para informarse 300 Programas de Actuación Urbanística Integral (PAI), de los que sólo tienen informes favorables menos de 10, mientras que entre 40 y 50 son definitivamente desfavorables y los restantes, más de 200, "tienen informe no favorable pero están todavía en trámites, por lo que alguno de ellos puede tener solución".
"Nos consta que algunas de las actuaciones, a pesar de nuestro informe desfavorable o de no estar hecho, están en marcha, aunque no se sabe en qué fase están siguiendo su tramitación haciendo caso omiso de ese informe no favorable del Ministerio de Medio Ambiente", añadió Moragues.
No obstante, el presidente de la CHJ advirtió de que en estos casos que se siguen tramitando pese a los informes desfavorables, el Ministerio "no va a quedarse de brazos cruzados".
En su opinión, ante estas cifras, "algo está fallando" y aseveró que el Ministerio no quiere que el territorio no se desarrolle, al contrario, dijo, "nos disgusta dar un informe desfavorable porque es un indicador de que no se está haciendo lo que medioambientalmente se tiene que hacer".
Al respecto, Moragues señaló que en sólo dos años se han abierto cerca de 1.000 expedientes sancionadores por "uso abusivo de agua, por vertidos contaminantes y por ocupación excesiva del dominio público hidráulico", entre otras causas.
Asimismo, destacó que en la nueva ley del suelo que está preparando el Gobierno central se introducirá que el informe de disponibilidad de recursos sea obligatorio y preceptivo para la construcción de urbanizaciones.
MOVIMIENTO ESPECULATIVO
Por su parte, Francesc Signes considera que el nuevo Plan de Acción del Litoral presentado por el Consell producirá "un nuevo efecto llamada a la especulación en la costa", como, en su opinión, generaron "tanto la Ley Urbanística Valenciana y un articulado de la Ley de Ordenación del Territorio".
A su juicio, este plan "bendice la ocupación de las pocas zonas que quedan sin urbanizar, como la de Cabanes (Castellón) o la ruta azul (entre Sagunt y Valencia)", explicó.
Asimismo, criticó que la intención del Consell, dijo, sea la de "exportar el modelo de urbanismo concentrado en Benidorm (Alicante), así como convertir todos los puertos valencianos en deportivos, con lo que se castiga, así, al sector de la pesca".
"Al PP le interesan los movimientos especulativos de suelo que provoca la construcción, porque se beneficia directamente de la cultura del pelotazo implantado en la Comunidad Valenciana", subrayó el dirigente del PSPV.
Por otra parte, Signes aseveró que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "siempre recurre al agua cuando tiene problemas internos en su parte y ahora --añadió-- tiene muchos y muy graves", en referencia a la nueva campaña publicitaria del Consell ´Claro como el agua´, que calificó de "patética".
En este sentido, señaló que el PSPV reclamará que "a través de una ley se modifique la posibilidad de rescatar las competencias urbanísticas en aquellos municipios que abusen de las mismas".
La secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del PSOE, Soraya Rodríguez, aseguró este viernes que la situación urbanística en la Comunidad Valenciana es "mucho más preocupante" que en el resto de España, ya que su modelo "cuestiona la calidad de vida e hipoteca el futuro de los valencianos".
Rodríguez criticó, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, y por el secretario de Medio Ambiente, Agua y Agricultura del PSPV, Francesc Signes, que el modelo que se creó a partir de la ley estatal de 1998 generó un "método perverso que permite todo tipo de prácticas especulativas" que incrementa el precio de la vivienda, lamentó la dirigente del PSOE.
Al respecto, concretó que en la Comunidad Valenciana se construye una media anual de 110.000 viviendas (en España la cifra asciende a 750.000 cada año), mientras que sólo se crean 35.000 hogares nuevos, por lo que gran parte de ellas están destinadas a segundas residencias, explicó.
Esta situación, añadió, "no tiene parámetros de racionalidad y, además, genera problemas medioambientales que en el futuro afectará al desarrollo económico, porque es un cuello de botella que asfixia a cualquier economía".
Este punto, justificó Rodríguez, se sustenta en que el 26 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) valenciano en los últimos seis años corresponde a actuaciones urbanísticas, mientras que sólo un 2 por ciento al sector industrial, puntualizó.
Cambio de rumbo
Por ello, considera que las leyes que está promoviendo el Gobierno central (nueva ley del suelo y modificación de la Ley del Agua) generarán un "cambio de rumbo ante la ausencia de políticas de ordenación del territorio coherentes".
Por último, la responsable de Medio Ambiente del PSOE apostilló que "parece mentira que cuando dirigentes del PP hablan de urbanismo se olvidan de la Constitución, callan y miran hacia otro lado, ante escándalos de especulación" a pesar de los "discursos verdaderamente dramáticos como los de la pérdida del Estado de Derecho", en referencia, dijo, "a alguno que ha sido presidente de esta Comunidad".
Por su parte, Moragues señaló que en los tres últimos años han entrado para informarse 300 Programas de Actuación Urbanística Integral (PAI), de los que sólo tienen informes favorables menos de 10, mientras que entre 40 y 50 son definitivamente desfavorables y los restantes, más de 200, "tienen informe no favorable pero están todavía en trámites, por lo que alguno de ellos puede tener solución".
"Nos consta que algunas de las actuaciones, a pesar de nuestro informe desfavorable o de no estar hecho, están en marcha, aunque no se sabe en qué fase están siguiendo su tramitación haciendo caso omiso de ese informe no favorable del Ministerio de Medio Ambiente", añadió Moragues.
No obstante, el presidente de la CHJ advirtió de que en estos casos que se siguen tramitando pese a los informes desfavorables, el Ministerio "no va a quedarse de brazos cruzados".
En su opinión, ante estas cifras, "algo está fallando" y aseveró que el Ministerio no quiere que el territorio no se desarrolle, al contrario, dijo, "nos disgusta dar un informe desfavorable porque es un indicador de que no se está haciendo lo que medioambientalmente se tiene que hacer".
Al respecto, Moragues señaló que en sólo dos años se han abierto cerca de 1.000 expedientes sancionadores por "uso abusivo de agua, por vertidos contaminantes y por ocupación excesiva del dominio público hidráulico", entre otras causas.
Asimismo, destacó que en la nueva ley del suelo que está preparando el Gobierno central se introducirá que el informe de disponibilidad de recursos sea obligatorio y preceptivo para la construcción de urbanizaciones.
MOVIMIENTO ESPECULATIVO
Por su parte, Francesc Signes considera que el nuevo Plan de Acción del Litoral presentado por el Consell producirá "un nuevo efecto llamada a la especulación en la costa", como, en su opinión, generaron "tanto la Ley Urbanística Valenciana y un articulado de la Ley de Ordenación del Territorio".
A su juicio, este plan "bendice la ocupación de las pocas zonas que quedan sin urbanizar, como la de Cabanes (Castellón) o la ruta azul (entre Sagunt y Valencia)", explicó.
Asimismo, criticó que la intención del Consell, dijo, sea la de "exportar el modelo de urbanismo concentrado en Benidorm (Alicante), así como convertir todos los puertos valencianos en deportivos, con lo que se castiga, así, al sector de la pesca".
"Al PP le interesan los movimientos especulativos de suelo que provoca la construcción, porque se beneficia directamente de la cultura del pelotazo implantado en la Comunidad Valenciana", subrayó el dirigente del PSPV.
Por otra parte, Signes aseveró que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "siempre recurre al agua cuando tiene problemas internos en su parte y ahora --añadió-- tiene muchos y muy graves", en referencia a la nueva campaña publicitaria del Consell ´Claro como el agua´, que calificó de "patética".
En este sentido, señaló que el PSPV reclamará que "a través de una ley se modifique la posibilidad de rescatar las competencias urbanísticas en aquellos municipios que abusen de las mismas".
