La UE hará "todo lo posible" para ayudar a los afectados por la LUV

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El presidente y vicepresidente primero de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Marcin Libicki y Michael Cashman, respectivamente, afirmaron este miércoles, en una declaración sobre la legislación urbanística en la Comunitat Valenciana, que el propósito de esta comisión es el de "continuar haciendo todo lo posible de forma extrajudicial para ayudar a aquellos ciudadanos afectados a que obtengan compensaciones", ya que la Ley Urbanística Valenciana (LUV) "no resuelve las cuestiones fundamentales planteadas por los peticionarios a la comisión parlamentaria".

Para la comisión de Peticiones, "la escala del problema y su impacto sobre las vidas de las personas está muy clara", por lo que "continuará trabajando para convencer a las autoridades sobre la necesidad de cumplir con las recomendaciones que figuran en la resolución del Parlamento" presentada en diciembre del año pasado, basada en un informe de la ponente Janelly Fourtou.

En este sentido, recordaron que la cámara europea ha recibido varias peticiones sobre este tema desde 2003. Así, señalaron a modo de ejemplo que la petición presentada por Abusos Urbanísticos-No cuenta con un apoyo aproximadamente 15.000 firmas contra la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), además de otras peticiones presentadas por asociaciones independientes, incluidas comunidades locales, que han servido para proporcionar información relevante.

Además, añadieron, la comisión de Peticiones "ha recibido y continúa recibiendo muchos casos documentados en los que aparentemente las autoridades locales no han respetado los derechos individuales de ciudadanos europeos que han adquirido legítimamente una propiedad". "Muchos han perdido su tierra, sus hogares y sus inversiones, y han tenido que financiar los costes de una nueva infraestructura", aseveraron.

En esta línea, subrayaron que las peticiones se refieren también a las consecuencias para el medio ambiente de tales proyectos y de su impacto en los suministros de agua, así como a la contratación pública y a los procedimientos de licitación, por lo que la comisión tiene abierto actualmente un procedimiento de infracción, basado en el artículo 226, sobre este último asunto.

Asimismo, criticaron varios artículos publicados recientemente en la prensa española en los que se recogen declaraciones de miembros del Gobierno valenciano cuestionando la base de la investigación del Parlamento sobre el impacto de la Ley urbanística de Valencia y en los que se cuestiona también "la integridad de los diputados que han defendido los derechos de aquellos peticionarios que se han dirigido al Parlamento de buena fe".

Además de las intervenciones del Parlamento, que adoptó una resolución y ha realizado dos visitas a la región --la última con participación de Michael Cashman-, y la presentación de un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pendiente de sentencia, indicaron que "tanto los particulares como las asociaciones pueden apelar a los tribunales españoles, como de hecho muchos están haciendo".

Por último, manifestaron que la comisión es "consciente" de que "este problema ha surgido también, aunque en menor medida, en otras regiones españolas", por lo que "en este momento hay investigaciones en curso", concluyeron.