La nueva ley urbanística dispara en Alicante la compraventa de fincas rústicas protegidas
TERRA
La nueva y también controvertida Ley Urbanística Valenciana (LUV), vigente desde el 1 de febrero pasado tras su precipitada aprobación a finales de diciembre después de ser cuestionada por el Gobierno de Bruselas su predecesora LRAU, está provocando un efecto directo sobre la compraventa de fincas rústicas de especial protección. Las operaciones se están multiplicando en las últimas semanas, en algunos casos con valores multimillonarios, debido a su eventual uso por los promotores de viviendas.
La reciente normativa urbanística, sobre cuya aplicación por la Generalitat Valenciana ha propiciado la apertura de la UE de expedientes de infracción a España, coloca a los terrenos rústicos no urbanizables protegidos como moneda de cambio muy cotizada ante las recalificaciones futuras de los planes de actuación integración y cualesquiera otra figura urbanística de desarrollo.
De acuerdo con los expertos del sector inmobiliario consultados por este diario ayer, las principales operaciones de compraventa se están produciendo en las últimas semanas en la mitad norte de la provincia, donde, al parecer, existe mucha más cantidad de suelo no público rústico y protegido por alguna de las figuras previstas en la legislación y en el planeamiento de cada municipio.
Los planes de ordenación urbana de la mayoría de pueblos del interior alicantino contemplan suelo rústico no urbanizable protegido, que se corresponde casi siempre con el considerado, a efectos de la catalogación de la Conselleria de Agricultura, como forestal, al tener monte bajo o boscosa, especialmente de pinos mediterráneos y carrascos.
Los últimos movimientos, en los que intervienen inversores cuya identidad no ha transcendido aún, tienen por escenario municipios como Castalla, Tibi, Jijona, Alcoi, Penáguila, Benilloba, Banyeres, Onil, Ibi y algunos otros de la mitad norte. Las parcelas más demandadas son las de 10 hectáreas (100.000 metros cuadrados) , que se suelen pagar ya a más de tres euros el metro cuadrado, un valor ligeramente superior al de mercado hasta ahora. Según las fuentes consultadas, por algunas fincas de mayores dimensiones se han llegado a pagar hasta 3 millones de euros.
La nueva y también controvertida Ley Urbanística Valenciana (LUV), vigente desde el 1 de febrero pasado tras su precipitada aprobación a finales de diciembre después de ser cuestionada por el Gobierno de Bruselas su predecesora LRAU, está provocando un efecto directo sobre la compraventa de fincas rústicas de especial protección. Las operaciones se están multiplicando en las últimas semanas, en algunos casos con valores multimillonarios, debido a su eventual uso por los promotores de viviendas.
La reciente normativa urbanística, sobre cuya aplicación por la Generalitat Valenciana ha propiciado la apertura de la UE de expedientes de infracción a España, coloca a los terrenos rústicos no urbanizables protegidos como moneda de cambio muy cotizada ante las recalificaciones futuras de los planes de actuación integración y cualesquiera otra figura urbanística de desarrollo.
De acuerdo con los expertos del sector inmobiliario consultados por este diario ayer, las principales operaciones de compraventa se están produciendo en las últimas semanas en la mitad norte de la provincia, donde, al parecer, existe mucha más cantidad de suelo no público rústico y protegido por alguna de las figuras previstas en la legislación y en el planeamiento de cada municipio.
Los planes de ordenación urbana de la mayoría de pueblos del interior alicantino contemplan suelo rústico no urbanizable protegido, que se corresponde casi siempre con el considerado, a efectos de la catalogación de la Conselleria de Agricultura, como forestal, al tener monte bajo o boscosa, especialmente de pinos mediterráneos y carrascos.
Los últimos movimientos, en los que intervienen inversores cuya identidad no ha transcendido aún, tienen por escenario municipios como Castalla, Tibi, Jijona, Alcoi, Penáguila, Benilloba, Banyeres, Onil, Ibi y algunos otros de la mitad norte. Las parcelas más demandadas son las de 10 hectáreas (100.000 metros cuadrados) , que se suelen pagar ya a más de tres euros el metro cuadrado, un valor ligeramente superior al de mercado hasta ahora. Según las fuentes consultadas, por algunas fincas de mayores dimensiones se han llegado a pagar hasta 3 millones de euros.
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