El Consell dice que grupos británicos presionan a la UE para que no cierre el expediente del urbanismo
LAS PROVINCIAS
“El expediente de la Comisión Europea contra el urbanismo valenciano no se cierra porque se quiere mantener vivo desde algunos grupos de presión británicos”. Así de contundente se mostró ayer el conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, durante la presentación del balance de sus 1.000 días de gestión.
Rafael Blasco afirmó que las “quejas” sobre el urbanismo valenciano a las que hace referencia Europa “no tienen una base real” puesto que, según indicó, “no se tiene constancia de que ninguna de ellas tenga una resolución judicial”. El responsable del departamento de Territorio aseguró que no ha visto “ninguna de esas 14.000 o 15.000 quejas de las que se habla”, y afirmó que la valoración de la Comisión Europea “no es un dogma de fe” sino una “opinión”.
Blasco aseguró que hay que evitar “sobrevalorar a Europa” y sus dictámenes porque “desde el Consell se ha demostrado que estamos más avanzados en materia de legislación urbanística que el resto de la Unión Europea y que, incluso, somos los más europeístas”.
El responsable de la política urbanística de la Comunitat aclaró que el expediente europeo contra la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV) “está dirigido al Gobierno estatal” y a su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. “El Gobierno central ha sido incapaz de adaptar la legislación del Estado a las directivas europeas respecto de las contrataciones públicas”, reiteró.
Recordó que el presidente del Ejecutivo tenía un plazo hasta el pasado 31 de enero de 2006 para modificar la legislación y denunció que España “ha sido la que no ha cumplido las exigencias planteadas por la Comisión”.
Preguntado por las valoraciones sobre la conselleria realizadas por el Síndic de Greuges y el Síndic de Comptes, durante esta legislatura, Blasco señaló que son “respetables, pero que tampoco debe convertirse en un dogma de fe” y añadió que la Administración “tiene la obligación de seguir sus consideraciones si son buenas”.
“El expediente de la Comisión Europea contra el urbanismo valenciano no se cierra porque se quiere mantener vivo desde algunos grupos de presión británicos”. Así de contundente se mostró ayer el conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, durante la presentación del balance de sus 1.000 días de gestión.
Rafael Blasco afirmó que las “quejas” sobre el urbanismo valenciano a las que hace referencia Europa “no tienen una base real” puesto que, según indicó, “no se tiene constancia de que ninguna de ellas tenga una resolución judicial”. El responsable del departamento de Territorio aseguró que no ha visto “ninguna de esas 14.000 o 15.000 quejas de las que se habla”, y afirmó que la valoración de la Comisión Europea “no es un dogma de fe” sino una “opinión”.
Blasco aseguró que hay que evitar “sobrevalorar a Europa” y sus dictámenes porque “desde el Consell se ha demostrado que estamos más avanzados en materia de legislación urbanística que el resto de la Unión Europea y que, incluso, somos los más europeístas”.
El responsable de la política urbanística de la Comunitat aclaró que el expediente europeo contra la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV) “está dirigido al Gobierno estatal” y a su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. “El Gobierno central ha sido incapaz de adaptar la legislación del Estado a las directivas europeas respecto de las contrataciones públicas”, reiteró.
Recordó que el presidente del Ejecutivo tenía un plazo hasta el pasado 31 de enero de 2006 para modificar la legislación y denunció que España “ha sido la que no ha cumplido las exigencias planteadas por la Comisión”.
Preguntado por las valoraciones sobre la conselleria realizadas por el Síndic de Greuges y el Síndic de Comptes, durante esta legislatura, Blasco señaló que son “respetables, pero que tampoco debe convertirse en un dogma de fe” y añadió que la Administración “tiene la obligación de seguir sus consideraciones si son buenas”.
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