La UE reclama al Consell los últimos 122 expedientes urbanísticos aprobados
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La Comisión Europea quiere estudiar todos los planes hasta la entrada en vigor de la LUV para verificar su legalidad
La Dirección General de Comercio Interior de la Comisión Europea ha solicitado al Gobierno español que le remita los últimos 122 expedientes urbanísticos que se han aprobado en la Comunidad hasta la entrada en vigor de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), el pasado 1 de febrero, según informaron fuentes del Parlamento Europeo. El objetivo es estudiar a fondo estos expedientes para comprobar que no han existido anomalías en la tramitación y en la aprobación de contratos públicos relacionados con el urbanismo en la Comunidad Valenciana. Esta instrucción del órgano ejecutivo de Bruselas dirigida al Gobierno para que le facilite estos programas urbanísticos se debe a que la UE se dirige a los estados y no a las comunidades autónomas. Según las mismas fuentes, en uno de los puntos del escrito remitido al Gobierno se indica que no se ha hecho caso a la advertencia de la aplicación de la Ley de la Regulación de la Actuación Urbanística (LRAU) de la Comunidad y se han seguido aceptando planes hasta el 1 de febrero de 2006, fecha de entrada en vigor de la LUV.
El portavoz de Abusos Urbanísticos No (AUN), Enrique Climent, señala que la intervención de la Comisión Europea se produce después de que este colectivo alicantino alegara que se estaba incumpliendo la normativa por la contratación de obras públicas en casos como los Planes de Actuación Integrada (PAI), que deben salir a exposición en el Diario Oficial de la Comunidad Europea. Una exigencia que, según aseguran, que la Generalitat sigue sin cumplir.
El eurodiputado del PSOE, Joan Calabuig, afirma que «se tiene constancia de que la Comisión ha pedido los expedientes y el Consell ya le ha remitido algunos de éstos, pero existe todavía una gran cantidad que no han enviado». Esta dato también fue confirmado por el europarlamentario de Los Verdes, David Hammerstein, al colectivo AUN.
La normativa europea señala que cuando un programa urbanístico público supera los 5.278.000 euros es obligatoria su publicación en el diario europeo. Además, se especifica que no se puede fraccionar el contrato para esquivar este requisito. Y es que la no publicación de estos planes urbanísticos evitaba que entraran a competir empresas europeas, por lo que la presentación de propuestas quedaba para las empresas de la zona, denuncia el colectivo AUN. Precisamente, ésta es en la actualidad una de las causas de fricción entre la UE y la Generalitat, ya que la Comisión considera que la LUV podría colisionar con la política europea de contratos públicos, explica Calabuig.
No obstante, según el eurodiputado, el enfrentamiento entre la Comisión Europea y la Generalitat por la regulación del territorio tiene muchas posibilidades de terminar dirimiéndose en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo si no se produce una respuesta satisfactoria del Consell. Un desafío que en palabras del europarlamentario «no tiene precedentes en la Europa comunitaria». «Que una comunidad se enfrente a la UE sin el respaldo de su Gobierno es algo inaudito», señala. «Hay muchas voces en la Unión Europea que han pedido un cambio de rumbo en el urbanismo de la Comunidad, pero el conseller Blasco ha ido al choque de trenes y no ha querido saber nada de las recomendaciones», concluye el europarlamentario.
El pulso del Consell con la CE afectará aún más a las inversiones en la Comunidad e incluso a los promotores, a juicio del grupo europarlamentario del PSOE en Bruselas. Los socialistas consideran que las personas que estén valorando la posibilidad de invertir podrán mostrarse más remisas debido a la inestabilidad jurídica que supone un pulso entre la Generalitat y la UE. «Han querido echar las culpas a ingleses y franceses, pero no creemos que el Síndic de Greuges pueda ser sospechoso», concluye Calabuig. El Secretario de Medio Ambiente del PSPV-PSOE, Frances Signes, reclamó ayer «medidas excepcionales» como «la paralización de todos los proyectos que se muevan al margen de los planes generales». El Tribunal de Luxemburgo ya ha dictado una sentencia en la que advierte del incumplimiento en la Comunidad Valenciana de la directiva que obliga a presentar una declaración de impacto ambiental en todos los proyectos urbanísticos.
La Comisión Europea quiere estudiar todos los planes hasta la entrada en vigor de la LUV para verificar su legalidad
La Dirección General de Comercio Interior de la Comisión Europea ha solicitado al Gobierno español que le remita los últimos 122 expedientes urbanísticos que se han aprobado en la Comunidad hasta la entrada en vigor de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), el pasado 1 de febrero, según informaron fuentes del Parlamento Europeo. El objetivo es estudiar a fondo estos expedientes para comprobar que no han existido anomalías en la tramitación y en la aprobación de contratos públicos relacionados con el urbanismo en la Comunidad Valenciana. Esta instrucción del órgano ejecutivo de Bruselas dirigida al Gobierno para que le facilite estos programas urbanísticos se debe a que la UE se dirige a los estados y no a las comunidades autónomas. Según las mismas fuentes, en uno de los puntos del escrito remitido al Gobierno se indica que no se ha hecho caso a la advertencia de la aplicación de la Ley de la Regulación de la Actuación Urbanística (LRAU) de la Comunidad y se han seguido aceptando planes hasta el 1 de febrero de 2006, fecha de entrada en vigor de la LUV.
El portavoz de Abusos Urbanísticos No (AUN), Enrique Climent, señala que la intervención de la Comisión Europea se produce después de que este colectivo alicantino alegara que se estaba incumpliendo la normativa por la contratación de obras públicas en casos como los Planes de Actuación Integrada (PAI), que deben salir a exposición en el Diario Oficial de la Comunidad Europea. Una exigencia que, según aseguran, que la Generalitat sigue sin cumplir.
El eurodiputado del PSOE, Joan Calabuig, afirma que «se tiene constancia de que la Comisión ha pedido los expedientes y el Consell ya le ha remitido algunos de éstos, pero existe todavía una gran cantidad que no han enviado». Esta dato también fue confirmado por el europarlamentario de Los Verdes, David Hammerstein, al colectivo AUN.
La normativa europea señala que cuando un programa urbanístico público supera los 5.278.000 euros es obligatoria su publicación en el diario europeo. Además, se especifica que no se puede fraccionar el contrato para esquivar este requisito. Y es que la no publicación de estos planes urbanísticos evitaba que entraran a competir empresas europeas, por lo que la presentación de propuestas quedaba para las empresas de la zona, denuncia el colectivo AUN. Precisamente, ésta es en la actualidad una de las causas de fricción entre la UE y la Generalitat, ya que la Comisión considera que la LUV podría colisionar con la política europea de contratos públicos, explica Calabuig.
No obstante, según el eurodiputado, el enfrentamiento entre la Comisión Europea y la Generalitat por la regulación del territorio tiene muchas posibilidades de terminar dirimiéndose en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo si no se produce una respuesta satisfactoria del Consell. Un desafío que en palabras del europarlamentario «no tiene precedentes en la Europa comunitaria». «Que una comunidad se enfrente a la UE sin el respaldo de su Gobierno es algo inaudito», señala. «Hay muchas voces en la Unión Europea que han pedido un cambio de rumbo en el urbanismo de la Comunidad, pero el conseller Blasco ha ido al choque de trenes y no ha querido saber nada de las recomendaciones», concluye el europarlamentario.
El pulso del Consell con la CE afectará aún más a las inversiones en la Comunidad e incluso a los promotores, a juicio del grupo europarlamentario del PSOE en Bruselas. Los socialistas consideran que las personas que estén valorando la posibilidad de invertir podrán mostrarse más remisas debido a la inestabilidad jurídica que supone un pulso entre la Generalitat y la UE. «Han querido echar las culpas a ingleses y franceses, pero no creemos que el Síndic de Greuges pueda ser sospechoso», concluye Calabuig. El Secretario de Medio Ambiente del PSPV-PSOE, Frances Signes, reclamó ayer «medidas excepcionales» como «la paralización de todos los proyectos que se muevan al margen de los planes generales». El Tribunal de Luxemburgo ya ha dictado una sentencia en la que advierte del incumplimiento en la Comunidad Valenciana de la directiva que obliga a presentar una declaración de impacto ambiental en todos los proyectos urbanísticos.
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