Los informes de los ecologistas contra la política urbanística valenciana acusan a los pueblos del interior de dañar la costa

ABC

La organización ecologista Greenpeace presentó el pasado 4 de julio el informe «Destrucción a toda costa», un documento de carácter anual y desglosado por comunidades autónomas, que pretende hacer un diagnóstico «exhaustivo» del litoral español. En él, la Comunidad Valenciana no sale muy bien parada: se acusa al gobierno del popular Camps de «practicar una política donde los máximos beneficiarios son el cemento y el hormigón». Pero en realidad la mayor parte del informe está basado en imprecisiones que desacreditan en gran medida su contenido.

Una de las cuestiones que reflejan más gráficamente estas inexactitudes es que la organización ecologista incluye como «puntos negros del litoral» a poblaciones del interior de la Comunidad. Benaguacil (a 30 kilómetros de la costa), Manises (a 12 km.), Ribarroja (a 24 km.), Betxí (a 14 km.) o Elda (a 40km). Estas localidades son consideradas por Greenpeace como lugares donde se han registrado actuaciones perjudiciales en la costa. El caso más llamativo es el de Fontanars dels Alforins, a 11 kilómetros de la provincia de Albacete y prácticamente está enclavada en la meseta.

Proyectos urbanísticos

De los proyectos urbanísticos que están siendo investigados por la fiscalía anticorrupción, la organización ecologista incluye los que han sido anulados por la Administración autonómica y otros en los que existen denuncias ante la fiscalía que podrán o no materializarse finalmente.
Al final, de toda la lista, sólo hay dos casos que se han remitido al Ministerio Fiscal. En este sentido, desde la Consejería de Territorio se apunta que el número de delitos urbanísticos investigados en la Comunidad supone únicamente la décima parte que la media del conjunto de España.

Otro punto en el que Greenpeace se mostró especialmente crítica fue en el de la masiva construcción de campos de golf en tierras valencianas. Según el informe, 48 campos de este deporte se construirán durante los próximos años, lo que se aprovechará como «excusa» para urbanizar.

Desde Territorio refutan enérgicamente estos datos y destaca que durante toda la legislatura se han aprobado 17 campos, se han denegado 9 y en otros 11 casos se ha obligado la revisión del Plan General. A pesar de ello, si se contabilizaran tanto los aprobados como los rechazados, la Comunidad estaría muy por debajo en número de campos de golf de otras regiones como Cataluña o Andalucía.

El documento acusa al consejero de Territorio de «ubicar campos de golf en cualquier campo, incluso el protegido», unas afirmaciones que cuanto menos han despertado la extrañeza en la Conselleria ya que, según sostienen, la nueva ley de golf «rompe el binomio urbanización-campo de golf e impone unas severas condiciones ambientales tanto en su implantación como en su gestión». Respecto al número de viviendas y reclasificaciones, de los 42 proyectos calificados por Greenpeace como ejemplos de insostenibilidad en el litoral, 26 de ellos (el 62 por ciento) se hallan en el interior de la Comunidad y 13 no han sido aprobados por la Comisión Territorial de Urbanismo y son únicamente iniciativas que están en fase de desarrollo inicial.

Otro caballo de batalla de la organización «verde» es la supuesta invasión de zonas húmedas y de otros espacios naturales por la urbanización. El informa denuncia 16 actuaciones: 7 de ellas se producen en zonas de interior y el resto, según apuntan desde Territorio, son «falsas», ya que «al menos desde 1995, no se ha tocado un solo metro cuadrado de espacio natural protegido».
«Greenpeace confunde, no sabemos si intencionadamente, perímetros de protección de Parques con Parques, LIC´s con suelos no urbanizables protegidos, proximidad con pertenencia o cuencas de afección de zonas húmedas con las propias zonas húmedas», afirman las mismas fuentes.

Trato desigual

Y es que las conclusiones del informe no han sido del agrado de la Consejería de Territorio. Sobre todo cuando se compara el trato que recibe la Comunidad con el que reciben otras como Cataluña (región con el mayor porcentaje de costa urbanizada, 699 kilómetros, un 39 por ciento del total).

«Como todos los años, Cataluña, con menos litoral protegido, es presentada como el paradigma de las actuaciones correctas en el litoral, aunque estas incluyan desapariciones de ecosistemas enteros», señalaron.