Conde-Pumpido no investigará los delitos urbanísticos que le envió el fiscal valenciano

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Los informes irán a una base de datos interna para controlar la carga de trabajo de las fiscalías
La Fiscalía General del Estado no investigará los expedientes sobre posibles delitos urbanísticos cometidos en la Comunitat. El fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, solicitó a la Fiscalía del TSJ valenciano documentación sobre irregularidades en el mes de abril, pero esta sólo formará parte de una base de datos interna.

La Fiscalía General del Estado no abrirá ninguna investigación sobre los supuestos delitos urbanísticos cometidos en la Comunitat y que le fueron remitidos el pasado mes de abril por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia valenciano.

El envío de la documentación partió de una solicitud realizada por el propio fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que basó su petición en el escándalo urbanístico que acababa de descubrirse en Marbella. Conde-Pumpido solicitó información sobre posibles irregularidades –no sólo de urbanismo, sino también medioambientales– a las distintas Fiscalías del país. La respuesta del Ministerio público valenciano fue inmediata y en pocos días Conde-Pumpido ya tenía sobre su mesa 12 expedientes relacionados con la Comunitat –cuatro de ellos sobre la provincia de Valencia y otros ocho sobre la provincia de Alicante–. La remisión de los informes por parte del fiscal jefe valenciano, Ricard Cabedo, provocó las críticas del Consell de Francisco Camps por varias razones. Primero, porque el envío de la documentación a Madrid se realizó tan sólo 24 horas después de que el jefe del Gobierno valenciano acusara al PSOE de impulsar denuncias sobre el urbanismo valenciano con el único objetivo de justificar la derogación del trasvase del Ebro. La premura en recopilar los documentos llamó también la atención del Consell, cuyas relaciones con Cabedo eran, y siguen siendo, cuanto menos, tensas.

El contenido de los informes nunca llegó a trascender y tan sólo se supo que podrían afectar a funcionarios o a administraciones públicas y que algunos ya estaban en el juzgado, mientras que otros permanecían en la propia Fiscalía. En el caso de la provincia de Alicante se dejó ver algo más: dos de los expedientes afectaban a las localidades de Orihuela y Torrevieja, ambas gobernadas por el PP. Los alcaldes de estos dos municipios, José Manuel Medina y Pedro Ángel Hernández Mateo –respectivamente–, acumulan distintas causas por supuesta corrupción, tráfico de influencias y prevaricación.

El fiscal delegado

¿Y que hay de la investigación que se esperaba? Nada, porque no se llevará a cabo. La documentación, según confirmaron fuentes de la Fiscalía General del Estado, sólo formará parte de una base de datos interna con la que se pretende controlar el volumen de trabajo que acumulan las diferentes fiscalías. Esta información servirá de manual para el fiscal coordinador de Medio Ambiente, plaza creada hace unos meses para luchar contra las actuaciones urbanísticas irregulares y que ocupa el valenciano Antonio Vercher. El interés por supervisar el volumen de trabajo de los ministerios públicos está también relacionado con la necesidad de que algunas cuenten con fiscales delegados como apoyo. Así ha sido en el caso de Valencia, donde esta plaza ya ha sido aprobada por el Gobierno. El fiscal delegado centrará su cometido en la prevención y represión de los delitos económicos que estén relacionados con cualquier tipo de corrupción.