Europa abre un nuevo expediente contra la Comunitat por el urbanismo pese a cambiar la ley
LAS PROVINCIAS
El informe de la Comisión advierte de que la norma autonómica tampoco se ajusta a las directivas de contratación pública
La UE abrió ayer un nuevo expediente contra la Comunitat y denunció que la Ley Urbanística Valenciana (LUV), que reemplaza a la cuestionada LRAU, también incumple las directivas de contratación pública. Bruselas da dos meses para ajustar la ley a su normativa, un trámite que, según el Consell, debe cumplir el Gobierno.
La Comisión Europea abrió ayer un nuevo expediente contra la Ley Urbanística Valenciana (LUV) por considerar que incumple la legislación comunitaria en materia de contratación pública.
Las autoridades españolas, en este caso la Generalitat, tienen un plazo de dos meses para enviar sus alegaciones, y si Bruselas las considera insuficientes, podría acabar denunciando la norma ante el Tribunal de Justicia de la UE.
El Ejecutivo comunitario ya había lanzado en diciembre de 2005 un ultimátum contra la Comunitat al entender que la anterior normativa, la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), incumplía las directivas en materia de contratación y no garantizaba la publicidad y concurrencia para adjudicar programas urbanísticos.
La Comisión Europea ya señaló que la adjudicación de programas de actuación integrada (PAI) en el marco de la LRAU constituye un contrato de obras públicas y debe cumplir por tanto la legislación comunitaria en materia de contratación pública, así como los principios generales del Tratado.
El pasado 22 de diciembre, Les Corts aprobaron la Ley Urbanística Valenciana, que deroga la LRAU. No obstante, la Comisión Europea considera en su informe que la nueva ley “no parece remediar las posibilidades de infracción que existían en la LRAU”, por lo que se refiere al contenido de los anuncios de licitación de un programa urbanístico y los documentos contractuales para su adjudicación.
Agente urbanizador
Otro de los incumplimientos que plantea es que la LUV deja abierta la posibilidad de aumentar el precio del contrato tras la selección del agente urbanizador, es decir, la empresa que desarrolla las obras de urbanización para dotar a las parcelas de servicios como agua potable, alumbrado, alcantarillado, aceras o saneamiento.
La Comisión lamenta que las autoridades españolas “no han atendido a las advertencias previas y han seguido concediendo contratos en el marco de la LRAU hasta el 1 de febrero–periodo que se estableció como transición entre ambas normativas–, con la consiguiente violación de las disposiciones de las directivas de contratación pública de la UE”.
La Generalitat reiteró ayer que la legislación urbanística en materia de contratación pública se basa en el marco constitucional español, “dado que la competencia para dictar la legislación básica en esta materia corresponde al Estado, según el artículo 149 de la Constitución”.
El Consell entiende que la nueva ley ha recogido todas las recomendaciones de la UE en cuanto a las competencias propias de la Generalitat y considera que la Comisión “continúa censurando aspectos que son competencia del Gobierno”.
Esta “incompetencia manifiesta” ya provocó –según el Consell– que el Estado fuese condenado por incumplimiento de las directivas de contratos públicos y obras.
Graves consecuencias
El eurodiputado socialista Joan Calabuig señaló ayer que el expediente abierto “puede tener graves consecuencias si finalmente llega a los tribunales, entre ellas, el pago de indemnizaciones”.
También el secretario de Política Territorial del PSPV, Eugenio Burriel, señaló que el expediente demuestra que la LUV “se fundó en motivos falsos”. Los grupos de ERC e IU-ICV en el Congreso urgieron ayer a cambiar el modelo de crecimiento económico en la Comunitat basado en “el ladrillo y la especulación”, porque es el que, según indicaron, “hace posible” que se produzcan casos como el de Marbella.
El informe de la Comisión advierte de que la norma autonómica tampoco se ajusta a las directivas de contratación pública
La UE abrió ayer un nuevo expediente contra la Comunitat y denunció que la Ley Urbanística Valenciana (LUV), que reemplaza a la cuestionada LRAU, también incumple las directivas de contratación pública. Bruselas da dos meses para ajustar la ley a su normativa, un trámite que, según el Consell, debe cumplir el Gobierno.
La Comisión Europea abrió ayer un nuevo expediente contra la Ley Urbanística Valenciana (LUV) por considerar que incumple la legislación comunitaria en materia de contratación pública.
Las autoridades españolas, en este caso la Generalitat, tienen un plazo de dos meses para enviar sus alegaciones, y si Bruselas las considera insuficientes, podría acabar denunciando la norma ante el Tribunal de Justicia de la UE.
El Ejecutivo comunitario ya había lanzado en diciembre de 2005 un ultimátum contra la Comunitat al entender que la anterior normativa, la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), incumplía las directivas en materia de contratación y no garantizaba la publicidad y concurrencia para adjudicar programas urbanísticos.
La Comisión Europea ya señaló que la adjudicación de programas de actuación integrada (PAI) en el marco de la LRAU constituye un contrato de obras públicas y debe cumplir por tanto la legislación comunitaria en materia de contratación pública, así como los principios generales del Tratado.
El pasado 22 de diciembre, Les Corts aprobaron la Ley Urbanística Valenciana, que deroga la LRAU. No obstante, la Comisión Europea considera en su informe que la nueva ley “no parece remediar las posibilidades de infracción que existían en la LRAU”, por lo que se refiere al contenido de los anuncios de licitación de un programa urbanístico y los documentos contractuales para su adjudicación.
Agente urbanizador
Otro de los incumplimientos que plantea es que la LUV deja abierta la posibilidad de aumentar el precio del contrato tras la selección del agente urbanizador, es decir, la empresa que desarrolla las obras de urbanización para dotar a las parcelas de servicios como agua potable, alumbrado, alcantarillado, aceras o saneamiento.
La Comisión lamenta que las autoridades españolas “no han atendido a las advertencias previas y han seguido concediendo contratos en el marco de la LRAU hasta el 1 de febrero–periodo que se estableció como transición entre ambas normativas–, con la consiguiente violación de las disposiciones de las directivas de contratación pública de la UE”.
La Generalitat reiteró ayer que la legislación urbanística en materia de contratación pública se basa en el marco constitucional español, “dado que la competencia para dictar la legislación básica en esta materia corresponde al Estado, según el artículo 149 de la Constitución”.
El Consell entiende que la nueva ley ha recogido todas las recomendaciones de la UE en cuanto a las competencias propias de la Generalitat y considera que la Comisión “continúa censurando aspectos que son competencia del Gobierno”.
Esta “incompetencia manifiesta” ya provocó –según el Consell– que el Estado fuese condenado por incumplimiento de las directivas de contratos públicos y obras.
Graves consecuencias
El eurodiputado socialista Joan Calabuig señaló ayer que el expediente abierto “puede tener graves consecuencias si finalmente llega a los tribunales, entre ellas, el pago de indemnizaciones”.
También el secretario de Política Territorial del PSPV, Eugenio Burriel, señaló que el expediente demuestra que la LUV “se fundó en motivos falsos”. Los grupos de ERC e IU-ICV en el Congreso urgieron ayer a cambiar el modelo de crecimiento económico en la Comunitat basado en “el ladrillo y la especulación”, porque es el que, según indicaron, “hace posible” que se produzcan casos como el de Marbella.
0 Comments:
Publicar un comentario en la entrada
Links to this post:
Crear un vínculo
<< Home